Pese a las crí­ticas, el Código Procesal Penal (CPP) guatemalteco sirvió de modelo para América Latina; sin embargo, su interpretación y aplicación no son óptimas en el sistema del paí­s que le vio nacer.

A decir de expertos consultados, la necesidad de reformas al proceso penal guatemalteco contenidos en esa ley son de carácter urgente; no obstante, no ha habido consenso para que las modificaciones se concreten.

En el Legislativo existen varias propuestas de reforma, sólo una de ellas tiene dictamen favorable. Actualmente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia trabaja en un nuevo proyecto que podrí­a ser el definitivo; cabe resaltar que el presidente de esta es uno de los creadores del proyecto original.

César Barrientos, presidente de la citada Cámara, explica que Guatemala fue el primer paí­s que implementó el proceso oral siguiendo los lineamientos del modelo tipo para América Latina, y que a partir de éste siguieron todos los demás paí­ses; el entrevistado fue uno de los guatemaltecos que asesoró a otros Estados en procesos de reformas al CPP.

«La experiencia de Guatemala ha sido dolorosa: hemos tenido que pagar derecho de piso», refiere Barrientos al referirse a las condiciones de esa Ley en la actualidad y en el paí­s.

El entrevistado agrega que en el paí­s «no hemos alcanzado ni la interpretación ni la aplicación efectiva de los principios que establece el Código porque hubo algunas normas que no fueron seleccionadas adecuadamente», declaró.

Barrientos, coautor del citado Código, explica que Nicaragua tiene un proceso penal «muy eficiente», pues contiene plazos muy cortos, además de ser «garantista de los derechos de los procesados», ya que aprovechó la experiencia de todos los paí­ses y eso generó que lo llamaran «nieto del Código guatemalteco.

«La experiencia ha demostrado que el Código Procesal Penal de Guatemala ya echa agua por muchos lados y que ahora deberí­amos aprovechar la experiencia que dimos a otros paí­ses para aprovecharla en nuestro medio y hacer uno nuevo», considera el presidente de la Cámara Penal.

ANíLISIS

Javier Monterroso, director de Incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que aunque Guatemala fue el primer paí­s en implementar un CPP como ese, «deja mucho que desear» ya que no se han logrado cambios estructurales, pues se sigue trabajando bajo esquemas escritos, protocolarios y burocráticos mientras otros paí­ses han avanzado mucho.

Monterroso explica que el CPP guatemalteco fue creado en un contexto polí­tico y social de retorno a la democracia, puesto que se celebraba un segundo perí­odo de elecciones posteriores a las dictaduras militares.

«El Código de Guatemala es el primero que se ajusta para el tipo de América Latina y entre sus aportes más grandes está el establecimiento de la institución del Ministerio Público como ente encargado de la investigación, quitándole a los jueces esa función; además de la oralidad del proceso», refiere Monterroso.

A criterio del jurista, en el paí­s no ha habido eficiente supervisión y evaluación del desempeño de los juzgadores, fiscales y defensores, e indica que entre sus debilidades están los sistemas de formación de operadores, la asignación adecuada de recursos, fiscalización, implementación de sistemas disciplinarios en las instancias que intervienen en el proceso; entre otras.

Monterroso considera que las principales reformas que actualmente necesita el CPP deben estar encaminadas a permitir agilizar los procesos; referentes a la modificación de los artí­culos que regulan las notificaciones y citaciones; además, la separación de las funciones administrativas de las judiciales de los juzgados.

PROPUESTAS

Aní­bal Garcí­a, diputado de la comisión de legislación del Congreso de la República, opina en primer lugar: «no cabe duda que el modelo que se implementó es adecuado para que responda a la garantí­a de los derechos humanos y de la justicia pronta y cumplida para garantiza la posibilidad de terminar con el secretismo del modelo escrito con graves violaciones a los derechos humanos».

Sin embargo, Garcí­a refiere que en el Legislativo encuentran tres factores que afectan la funcionalidad del proceso: «El primero es que no se contaba con que la cultura de los guatemaltecos y de los abogados litigantes, jueces y fiscales serí­a una de modelo escrito; segundo: a la sociedad le ha sido difí­cil aceptar y adaptarse al modelo porque existe corrupción», opina.

Garcí­a hace énfasis en un tercer punto y es en el que considera que los problemas de impunidad en el paí­s son estructurales: «de nada sirve que haya un buen proceso si no hay mejor investigación criminal y de la Policí­a; en Guatemala los peces gordos, los empresarios evasores de impuestos y los grandes criminales no han sido tocados por el brazo de la justicia, eso ha hecho que este modelo esté terminando en impunidad», especifica.

El diputado y jurista indica que ve tres cambios prioritarios en el CPP: los referentes a los conflictos de jurisdicción, al amparo para que estos no sean frí­volos y se agilice el trámite y en el tema de los incidentes en el proceso y el planteamiento de excusas al momento de ir a juicio, indica, y agrega que espera que en breve se haga una iniciativa que pueda ser estudiada por todas las instituciones para que sea aprobada el próximo año en el Legislativo.