Cocaleros peruanos se resisten


Coca. En Bolivia, las plantaciones ilí­citas de coca han sido destruidas por el Gobierno.

El ataque contra un grupo que erradicaba coca, que dejó un muerto el jueves, mostró lo difí­cil que es implementar en Perú esa medida que los cocaleros consideran una «guerra de baja intensidad», en contraste con Bolivia donde un plan para acabar con esos cultivos se inició esta semana de manera pací­fica.


El ataque ocurrió el jueves en el Huallaga (nordeste), donde un trabajador estatal murió por balas de francotiradores que desde la espesura selvática dispararon durante 40 minutos contra los erradicadores. Cinco de los policí­as que custodiaban la operación resultaron heridos de bala.

El hecho se convirtió en el más grave dentro de un contexto de agudización del conflicto entre el gobierno y cultivadores cocaleros, que en las últimas semanas han realizado paros nacionales y obstruido carreteras para protestar contra los anuncios del gobierno de erradicar sus cultivos.

Esa erradicación, reiniciada el lunes pasado tras una suspensión temporal, activó la protesta de los sindicatos cocaleros de las mayores zonas productoras de la hoja en el paí­s: Monzón, Huallaga y los valles de los rí­os Apurí­mac y Ene.

Los cocaleros de Monzón definieron el reinicio de la erradicación como «un acto de guerra de baja intensidad hacia nuestras poblaciones y agricultores civiles».

En una reunión el jueves los sindicatos -que durante esta semana lideraron protestas moderadas- decidieron radicalizar su protesta a partir del próximo lunes, con lo cual se prevé el cierre de ví­as principales y el bloqueo para entrar o salir de varias regiones.

El tema de la erradicación habí­a estado relativamente calmado hasta marzo pasado cuando un paro en la región central de Tocache culminó con un acuerdo con el gobierno, que se comprometió a suspender la medida.

Pero cuando el gobierno aclaró posteriormente que la suspensión era por pocos dí­as, las protestas se reiniciaron y han venido creciendo en los últimos dí­as.

El sábado pasado el presidente peruano Alan Garcí­a anunció la reanudación de la erradicación en el marco de un plan de «tolerancia cero» contra el narcotráfico.

El anuncio de esa ofensiva se presenta cuando llueven crí­ticas que acusan al gobierno de carecer de una polí­tica antidrogas, a pocos dí­as del viaje de Garcí­a a Washington para reunirse con el presidente George W. Bush el 23 de abril.

Para el experto Hugo Cabieses, «este gobierno sí­ tiene una polí­tica antidrogas: la misma fracasada que el gobierno de Estados Unidos impone en todas partes desde hace 30 años: el prohibicionismo y la guerra a la coca y los agricultores cocaleros».

Según varias fuentes, en Perú se producen al año unas 110.000 toneladas de hoja de coca, cuando el consumo tradicional requiere unas 9.000 a 10.000 toneladas, de las cuales el Estado compra entre 2.500 y 3.000 toneladas. El enorme excedente irí­a al narcotráfico.

La situación caldeada en Perú contrasta con un programa de erradicaciones en Bolivia que arrancó el martes pasado, en el marco de acuerdos que el gobierno del presidente Evo Morales firmó en enero pasado con campesinos de la región de los Yungas.

La erradicación cuyo alcance o duración no han sido informados, pretende eliminar 2.500 hectáreas de los Yungas, donde otras 12.000 hectáreas son consideradas legales para el consumo de las comunidades indí­genas.

El comienzo concertado de la erradicación de cocales muestra que para llevar este proceso no se requiere de violencia sino de buenos acuerdos, dijo a la AFP el encargado de la lucha antidrogas boliviana, Felipe Cáceres.

Cáceres presenció en Caranavi (a unos 160 km de La Paz) el inicio el martes de un proceso de erradicación de hoja que tendrí­a como destino final el narcotráfico.

«No es necesario el uso de la fuerza, de la violencia, del atropello a los derechos humanos», para erradicar, si se pueden alcanzar acuerdos de compensación social con los cultivadores, dijo Cáceres.

El presidente Morales, quien a su vez es lí­der de los cocaleros del Chapare, ha señalado una polí­tica de cero narcotráfico y defensa del cultivador de la planta, en especial en su derecho a producir para su subsistencia un cato (área de 1.600 m2) de la hoja.