El Estado de Guatemala, representado por diversos gobiernos y éstos por medio de sus funcionarios, ha incursionado en operaciones bursátiles en bancos de la iniciativa privada que persiguieron -supuestamente- el logro de mayores réditos y/o intereses para el erario nacional.
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Pero todos sabemos que eso no fue ni es verdad en un ciento por ciento, porque a través de dichas «inversiones» los representantes estatales devengan, obtienen o se hacen acreedores al «reconocimiento pecuniario» ilegal y/o solapado de las instituciones bancarias que efectúan dichas transacciones.
La coacción estatal se manifiesta cuando la administración financiera del Estado, léase Ministerio de Finanzas, obliga a los empleados estatales incluyendo a las personas que están sujetas al régimen de clases pasivas, es decir la población jubilada, para que abran o inicien una cuenta de depósito monetario en el banco denominado Banrural, requisito indispensable para depositarle el monto económico mensual que percibirá como sueldo o por su condición de ex trabajador estatal.
¿Qué intereses percibe el Estado por favorecer a Banrural con el manejo de ese rubro tan voluminoso? ¿Cuál es el porcentaje de acciones que tiene el Estado en Banrural? ¿Qué funcionarios y de cuál gobierno hicieron tal convenio? Valdría la pena saber al respecto.
En cuanto a l@s maestr@s del Estado y los servidores públicos con funciones administrativas en el Ministerio de Educación, ¿también los de contrato? que están por su voluntad en el programa denominado «Salud integral para el magisterio», ha de reconocerse que el Estado deposita en dicho banco la cantidad mensual de la póliza correspondiente que cubre las eventuales prestaciones a los integrantes de dicho plan, (maestr@s y trabajador@s no desembolsan ni un centavo para ello).
Pero de integral no tiene nada, puesto que dicho plan solo cubre el valor de la consulta médica y el examen de laboratorio; NO DAN MEDICINA, así mismo, se conserva como un secreto el nombre y ubicación de las empresas que proporcionan el servicio funerario, ¿cuánto vale cada servicio?
El día martes recién pasado se publicó en las páginas 5 y 6 del Diario de Centro América, el Acuerdo Ministerial número 1150-2009 de fecha 01 de julio del presente año, el cual consiste en el Reglamento del programa ya descrito; en el que se manifiesta de forma expresa la discriminación de la que son objeto las personas que viven de hecho con l@s maestr@s y trabajador@s «asegurad@s» por este plan.
Lo anterior viola flagrantemente el Código Penal en lo relacionado a la discriminación y preceptos constitucionales relativos a los derechos de la persona humana. ¿Quién informará al respecto?