No se necesita más que unos cuantos miles de quetzales, un baño y mucho valor para someterse a un aborto inducido en una clí­nica médica clandestina, como las hay varias anunciándose actualmente en los medios de comunicación. De acuerdo con una investigación realizada por La Hora, ese tipo de “tratamientos” puede costar hasta Q4 mil, pero el precio puede ser mucho más alto cuando, sin las precauciones necesarias y obviando los protocolos médicos, se pone en riesgo la vida de una mujer y de quien pudo ser su hijo.

«En el audio, editado por La Hora, se escuchan extractos de una conversación sostenida con la encargada de una clí­nica clandestina que ofrece el servicio de abortos inducidos.»

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Una “solución inmediata” para un embarazo inesperado. Con esa y otras frases similares se disfrazan los anuncios que ofrecen abortos inducidos a precios “accesibles”.
 
Los costos de este tipo de tratamientos, de acuerdo con una investigación de La Hora, oscilan entre mil 800 y 3 mil 500 quetzales, dependiendo del tiempo del embarazo. 
 
De esa cuenta, en los primeros tres meses de gestación la sustracción del feto es menos costosa, mientras que en la última etapa –previo al nacimiento– puede llegar a valer hasta 4 mil quetzales.
 
Para esto se realizaron consultas en diferentes clí­nicas médicas que operan de forma clandestina, pues practicar y colaborar en un aborto es un delito penado en la legislación guatemalteca.
 
El proceso para contratar el servicio inicia con una llamada telefónica al número publicado en los anuncios que ofrecen “ayuda” ante los embarazos no deseados; la conversación podrí­a aportar información sobre el procedimiento y los costos, según los términos de cada clí­nica. (LEA: “No hay que esperar más tiempo”).
 
La persona que atiende el teléfono pide datos básicos, como el tiempo de gestación, edad y situación médica de la mujer, como factores para determinar el costo del aborto. 
 
Con los datos básicos se planea una cita, en la que se realizará un ultrasonido y se dispone de la preparación de la paciente, que deberá ser atendida en el baño de un inmueble privado, donde preferentemente no haya más personas.
 
De acuerdo con expertos consultados sobre el tema, un aborto inducido como los que se practican en las clí­nicas clandestinas, además de ser un delito, es un atentado contra la vida de la mujer y quien podrí­a llegar a ser su hijo.
 
CERCA DE LA MUERTE
 
En las consultas realizadas, se conoció que la mayorí­a de las clí­nicas que practican abortos lo hacen con los métodos de extracción y succión, que de ser mal efectuados podrí­an concluir con consecuencias graves, según el ginecólogo, Miguel íngel Gramajo.
 
«Un aborto por succión es un legrado. Es meter unas jeringas enormes, no recuerdo cuánta capacidad tienen, pero ahí­ pueden succionar la pared uterina si está mal hecho. El problema es que se queden ahí­ todos los restos dentro del útero. Se podrí­an dar infecciones», explica el experto.
 
El entrevistado dice que una práctica inadecuada podrí­a causar desde daños severos en el intestino, hasta la muerte de la mujer.
 
«La perforación puede llevar problemas intestinales, infecciones abdominales. Una perforación puede provocar que se pierda el útero, o hasta la muerte», refiere Gramajo.
 
La Hora intentó contactar al ministro de Salud, Ludwin Ovalle, para conocer qué tipo de controles realizan en las clí­nicas clandestinas, pero fue imposible establecer contacto.
 
También se trató de tener comunicación con el viceministro de Salud, Guillermo Echeverrí­a y con Silvia Palma, viceministra de Hospitales, pero ninguno de los dos atendió las llamadas.
 
Marlitt Valenzuela, relacionista pública de esa cartera, explicó de forma breve, que los anuncios que ofrecen este tipo de atención no se identifican como clí­nicas de aborto.
 
“El problema es que en los anuncios no se dice que practican abortos, porque practicar un aborto no está en la ley. Por eso habrí­a que ver cómo se anuncian, porque el aborto no es legalizado en Guatemala”, indicó.
 
DELITO
 
La Constitución señala, en el artí­culo 3, que “el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así­ como la integridad y la seguridad de la persona”, por lo que resulta imposible despenalizar esta práctica, que se paga con cárcel y multas. 
 
El artí­culo 133 del Código Penal define el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de preñez”.
 
De esa cuenta, el artí­culo 134 de la misma ley establece penas que van desde seis meses hasta tres años de prisión para la mujer que cause o consienta su aborto.
 
Por otro lado, “si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas, resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de tres a ocho años”, refiere el artí­culo 136, que además determina una pena de hasta 12 años de prisión “si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuados sin consentimiento de la mujer sobreviniere la muerte de esta”.
 
El artí­culo 140 señala que, “el médico que, abusando de su profesión causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en el artí­culo 135 –entre uno y ocho años de prisión–, con multa de Q500 a Q3 mil, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de dos a cinco años”. 
 
Iguales sanciones se aplicarán, en su caso, a los practicantes o personas con tí­tulo sanitario, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. 
 
Pese a estar tipificado en la legislación guatemalteca, existen varios médicos que realizan estas prácticas en clí­nicas que ni siquiera son reguladas por el Ministerio de Salud.
 
De esa cuenta, nunca se conoce qué sucede con las mujeres que se practican un aborto, pues algunas pueden morir o sobrevivir con complicaciones graves en su salud.
 
Rolando Yoc, de la Procuradurí­a de Derechos Humanos, opina que es importante procurar el derecho a la salud y la prevención, y considera importante verificar lo que sucede en las clí­nicas donde se practican abortos.
 
«(…) Esto obliga a que el Estado de Guatemala no sólo tenga una red hospitalaria con capacidad, un sistema de salud público para prevenir, orientar e intervenir en un momento determinado, sino que además, ese Ministerio de Salud Pública, sea el rector de controlar, supervisar y vigilar cualquier centro, hospital o clí­nica», refiere Yoc.
 
El representante del Ombudsman concluye en la necesidad de que el Ministerio de Salud intervenga. «El Ministerio de Salud Pública, a través del código de salud, tiene las condiciones legales sanitarias que deben contemplar este tipo de establecimientos, que obviamente van a ser regulados de manera corporativa o individual», puntualiza.