El estado del tiempo en la República de Guatemala ha ido variando de conformidad con el propio crecimiento de la población, por cuanto no ha existido una política ambiental que prevenga dicho fenómeno como la doctrina del Derecho Ambiental lo recomienda, y, no se le ha preguntado al guatemalteco qué clase de ambiente prefiere: navegable, bosques cuidados, de pesca, de ecoturismo, entre otros.

Durante años hemos insistido en el tema jurídico ambiental debido a que no se ha querido entender que la legislación propiamente ambiental o específica como algunos estudiosos del Derecho la denominan, no está plenamente desarrollada en el país.

Si bien es cierto, se aborda el tema en el ámbito administrativo no se ha podido avanzar ni científica, ni jurídica y académicamente en la Ciencia del Derecho Ambiental; ello, se puede fácilmente comprobar  en lo académico, especialmente porque no existe unificación de programas de estudio en las diversas universidades que funcionan en el territorio nacional y sus respectivas unidades académicas dando lugar a una desactualización de los futuros profesionales por una mal entendida competencia, ejemplos existen muchos,  pero el más reciente es el de la rama de la Oratoria Forense que ha dado lugar a que varias Facultades de Derecho no la impartan, formándose con todo ello una resistencia de los egresados de estas unidades por  el temor de tener que hablar en público.

En consecuencia, los trastornos climáticos tendrán que pronunciarse en el entorno debido a la falta de políticas  ambientales preventivas que permitan el desarrollo tecnológico, pero a la vez eviten destruir los ecosistemas naturales ubicados en el suelo nacional lo que entraña, evitar incendios de selvas, envenenamiento de aguas.

Resulta, por lo tanto, preocupante que prevalezca la falta de acceso a la información ambiental de la población; y, sólo cuando se presentan desastres naturales, se alarman las personas, subsanándose exclusivamente el daño sin tan siquiera elaborar programas permanentes de educación ambiental y de desastres naturales.

A lo anterior, habría que sumar la indiferencia de los obligados ante la falta de educación en este tema y, adoptar programas y medidas que tiendan a elevar la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional.

Finalmente, el Estado de Guatemala, ha signado diversos convenios internacionales ambientales, pero éstos deben ser regulados en el país para su efectivo cumplimiento y evitar posibles daños y sanciones, esto, porque al haberse comprometido el país como es el caso del Tratado de Libre Comercio de la región, automáticamente queda obligado a adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar daños que afecten el ambiente.