La denuncia que organizaciones sociales efectuaron esta mañana frente a la CC, en el marco del 29 aniversario de la Quema de la Embajada de España, coincidió en que la impunidad de los crímenes del pasado, ha tenido como efecto el clima de violencia actual.
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«A 29 años de este trágico suceso, los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, seguimos exigiendo justicia y castigo para quienes cometieron tan vil crimen», fueron las palabras de apertura al pronunciamiento público, en voz del activista Miguel íngel Albizures.
Los representantes de varias organizaciones criticaron las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a la aplicación de justicia en el caso de la quema de la sede diplomática española, ocurrida el 31 de enero de 1980.
PASADO Y PRESENTE
Julio Solórzano Foppa, querellante adhesivo del proceso abierto por ese hecho ante la Audiencia Nacional de España, fue el primero en pronunciarse respecto a que la impunidad del pasado ha devenido en la violencia del presente.
«El hecho que los crímenes de las fuertes violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado no sean juzgados y castigados, da la pauta para que los grupos del crimen organizado actúen como hasta ahora, porque la impunidad siempre ha reinado en al país», indicó Solórzano.
El querellante añadió que «la lucha contra la impunidad de entonces, es la lucha contra la impunidad de ahora y es parte de la lucha de todos».
Hellen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, coincidió con Solórzano en que «esa cultura agresiva y ese sadismo con el que fueron ejecutados todos los crímenes del pasado conforman el problema de inseguridad que ahora nos está afectando».
La activista agregó que la lucha por la justicia «no es un berrinche de las organizaciones sociales, sino la búsqueda del respeto de un verdadero Estado de Derecho».
CRíTICA Y DENUNCIA
«Nosotros como organizaciones creemos que el incendio de la Embajada de España no fue un crimen político sino de lesa humanidad», agregó Albizurez al momento de leer el comunicado.
Los demandantes manifestaron «complicidad» de parte del sistema de justicia, al calificar como «burda» la resolución emitida por la CC el 12 de diciembre de 2007, en la que el alto tribunal indica que los hechos ocurridos «en la sede diplomática del Reino de España (…) son indudablemente conexos con delitos de tipo político», según se lee en el acta.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y principal denunciante de ese hecho, declaró que la anterior resolución «constituye una auténtica aberración jurídica, porque son contrarias al derecho internacional», indicó.
Menchú agregó que los fallos jurídicos que se han emitido en el país en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en el pasado, «sólo son la reafirmación y la legalización de la impunidad».
CASO
Benito Morales, representante legal de la Fundación Menchú, manifestó que el proceso penal abierto por este hecho no ha avanzado; «el Ministerio Público (MP) tiene una investigación totalmente débil; tienen por años ese expediente y se han limitado de vez en cuando a pedir algún documento, cuando se acuerdan», criticó.
El abogado agregó que el MP carece de información que sindique a una persona en particular por este caso y criticó severamente que la entidad a cargo de la persecución penal no tenga una estrategia definida para deducir responsabilidades por ese crimen.