Julio Donis
El Grupo Promotor de Diálogo Fiscal (GPDF) presentará en días próximos a los representantes del Estado su propuesta de reforma fiscal que se basa sobre dos elementos centrales: cambios a la estructura del Impuesto Sobre la Renta ISR y reformas al Impuesto al Valor Agregado, IVA. Un resumen de la propuesta se detalla de la siguiente forma:
Impuesto Sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado
* El ISR a empresas: se plantea la reducción de forma gradual del 31% al 25%
* Regular los gastos y costos que las sociedades acreditan.
* El ISR para trabajadores en relación de dependencia se establecen tres rangos: los que ganen menos de Q36 mil anuales exentos; los que ganen entre Q36 mil y Q240 mil pagarán el 5% y los que ganen más de Q240 mil pagarán una tasa del 7% de sus ingresos.
* Se eliminan los créditos al pago del ISR.
* La retención del IVA a distribuidores será aplicable a quienes compren a productores y mayoristas de productos de consumo masivo.
* Retención del 15% del IVA doméstico, recuperable en declaraciones mensuales.
* Mejora del mecanismo de recaudación y control: utilización de medios electrónicos para exportadores, zonas francas y entidades exentas. Y pago trimestral para quienes estén en rango del 5% sobre ingresos.
Además del resumen expuesto, también hay detalles de la misma propuesta que van dirigidos al Impuesto de Circulación de Vehículos, dentro de lo que resalta el establecimiento de un pago mínimo anual de Q220; se creará el impuesto a la primera matriculación y se hará un recargo a la omisión del pago del impuesto de circulación de su vehículo.
Más allá del detalle técnico de cada una de las anteriores medidas se devela la naturaleza o el objetivo político de esta reforma fiscal, la voluntad de este gobierno socialdemócrata. Lo que digo es que se puede entender cada medida por separado, sus implicaciones y cambios en los procesos tributarios, pero lo que hay que descifrar es la estrategia que pretende impulsar esta reforma.
¿Cuál es la estrategia?
En mi opinión, la propuesta presentada por el GPDF es una iniciativa que trata de ordenar el proceso de recaudación, propone simplificar los trámites, hacer eficientes los mecanismos, en fin está orientada a mejorar el camino y por lo tanto debe ser considerada como una parte de una propuesta de más alcance, es una reforma tributaria específica que no necesariamente está consolidada socialmente, pero sí necesita de ser legitimada en las áreas políticas.
No cambia el modelo monopólico
En esencia, el discurso que acompaña la reforma se centra sobre dos cosas que develan un círculo vicioso que restringe al mismo tiempo su alcance: mejorar la recaudación de impuestos aún a costa de bajar tasas, y ampliar la base tributaria sin crear más impuestos. Me explico, mal que bien la tasa de recaudación ha ido en aumento desde el gobierno de Portillo, sin embargo, el discurso de ampliar la base tributaria implicaría la incorporación de los que viven de la economía informal a la institucionalidad fiscal formal, pero al mismo tiempo, eso no es posible porque el modelo económico que impera tiene fuertes prácticas monopólicas que excluyen y generan la alternativa informal del intercambio económico, he ahí el círculo. En resumen, esta reforma tributaria puede ser técnicamente bien fundamentada e implementada, es una reforma para mejorar el camino, pero políticamente es tibia y no persigue un cambio en el modelo monopólico que mantiene a los guatemaltecos entre la informalidad y la formalidad
Cómo romper esto es el gran dilema y al mismo tiempo es el gran reto para cualquier gobierno y más para el presente que tiene un apellido muy claro, socialdemócrata. La definición de la política fiscal de esta administración es un elemento fundamental, puesto que lo socialdemócrata se forja sobre ese elemento y sobre el tipo de estado que se impulsa para proponer, por ejemplo, fuertes leyes antimonopólicas. Parece que eso no sucederá tampoco en este Gobierno.
Una reforma tributaria es en todo caso una parte de lo que podríamos llamar un pacto fiscal que aglutina varias reformas; esta se enfocaría a la transformación de la política fiscal de un país. Normalmente la concepción de pacto implica que hay acuerdos, fruto de procesos de negociación y diálogo entre élites, todo lo cual se enmarca en la construcción de la institucionalidad democrática.
Termino repasando la clave número cuatro que propone el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEF para obtener un pacto fiscal exitoso: fundamentar el proceso en un enfoque holístico y de largo plazo, que pueda ampliar el número de temas sujetos a concesiones, sin limitarlo exclusivamente al tema de los impuestos para facilitar acuerdos. La negociación de un pacto fiscal no debería ser interpretada como un proceso dirigido a lograr una reforma tributaria de corto plazo, sino como un punto de partida para una reforma duradera del Estado basada en un amplio cambio de correlación de fuerzas que orientara la política pública en el futuro.