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Según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia de la República, este año la institución policial ha conocido 195 casos, mientras que el Ministerio Público (MP) 111.

*Jimena Morales, de 19 años, es una sobreviviente de la trata de personas, que escapó de las manos criminales al lanzarse de un vehículo en marcha el pasado 18 de octubre, cuando era trasladada hacia la 9ª. avenida y 10ª. calle de la zona 1, tras una primera “entrevista de empleo” en un centro comercial de la Calzada Roosevelt, en la zona 11, que realmente era una trampa para captarla.

La joven se graduó recientemente como perito contador y buscaba una oportunidad de empleo a través de un clasificado que anunciaba la contratación  “con urgencia” de cuatro secretarias de gerencia con un salario de Q3 mil 500.  El contacto del empleo era César Rodas, a quien se podría localizar en un teléfono o un correo electrónico.

Pero Rodas, el supuesto enlace empresarial, según las investigaciones del Ministerio de Gobernación (Mingob), no era más que una pieza dentro de una estructura de trata de personas que capta jóvenes para explotarlas sexualmente.

El día en que ocurrieron los hechos, Jimena se salvó por una llamada de su progenitora, a quien le comentó que era trasladada en un vehículo hacia la zona 1; aunque su captor le exigió que dejara de hablar y la amenazó con una pistola, la joven no dudó en lanzarse del automotor y pedir ayuda a los motoristas de la recién estrenada unidad “Lobos” de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes la levantaron del suelo, solicitaron apoyo a los Bomberos Voluntarios y posteriormente la trasladaron para que interpusiera la denuncia formalmente.

Las autoridades intentaron comunicarse con el supuesto César Rodas, a través del teléfono y la cuenta de correo electrónico que apareció nuevamente en el clasificado que se publicó el pasado 21 de octubre, pero el móvil y la cuenta electrónica fueron desactivados.

ANUNCIOS EN RADIO Y FERIAS DE EMPLEO

En julio pasado, la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil (PNC), conoció los casos de *Ana y *Julia, dos adolescentes de 14 y 17 años, respectivamente, que escucharon en una radio local de Jalapa el anuncio de una oportunidad de empleo como impulsadoras, por el que les ofrecían un salario de Q3 mil mensuales.

Las jóvenes fueron trasladadas por su presunto empleador a la Capital, donde fueron utilizadas para vender dulces en diferentes zonas del país y únicamente les pagaban Q400 mensuales, según fuentes consultadas.

La radio local es conocida en el departamento y fue el canal de comunicación que las estructuras del crimen organizado encontraron para atraer a jóvenes que necesitaban trabajar, pero que realmente fueron engañadas por los tratantes.

De acuerdo con Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, no sólo a través de diversos medios de comunicación se logra enganchar a jóvenes, pues los engaños de los tratantes incluso ocurren en las ferias de empleo, donde se ha detectado que personas con intención de atraer víctimas se filtran en las filas de reclutamiento laboral.

“Los clasificados fueron las primeras formas de atrapar a las víctimas y siguen estando vigentes. Lamentablemente con el uso de la tecnología también se han diversificado las formas, porque se puede hacer a través de redes sociales, anuncios en las radios locales y a través del volanteo y de las ferias de empleo, donde las personas que se dedican a esto aprovechan cuando las jóvenes están haciendo fila, se acercan a ellas para ofrecer oportunidades laborales. Son estructuras fuera de la feria del empleo”, indica Dubón.

El activista explica que las áreas identificadas han sido Baja Verapaz, Alta Verapaz, Izabal y Quetzaltenango, donde se ofrece una alta remuneración a las adolescentes y se solicita poca experiencia para los empleos.

195 INVESTIGACIONES

Según la SVET –que trabaja articuladamente con diferentes instancias gubernamentales–, de enero al 25 de septiembre de 2013, la PNC investiga 195 denuncias de trata de personas, las cuales ha conocido a través de la Unidad contra la Trata, la línea telefónica de atención 110 y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

De las 195 denuncias, 140 son casos de explotación sexual, 42 de adopciones irregulares, 13 de explotación laboral.

Por aparte, la institución refiere que la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP ha recibido, de enero al 24 de octubre, un total de 111 denuncias; 76 por explotación sexual, 22 por venta de personas y adopciones, 13 por explotación laboral.

Investigadores consultados califican el delito de trata como “uno de los más preocupantes y difíciles de combatir”, pues las estructuras delictivas utilizan a las víctimas como “una mercancía”, que pueden vender o revender en diferentes ambientes, y las distribuyen rápidamente a nivel local o internacional.

Según las fuentes, en un área marginal las víctimas son vendidas –para explotación sexual o laboral– en un precio de Q500 a Q3 mil.  Los tratantes las explotan hasta 20 veces por día –en el caso de la explotación sexual– por un precio similar o el doble con cada “cliente o comprador”.

En las zonas de poder adquisitivo, las y los jóvenes pueden ser comercializados por primera vez entre Q3 mil o hasta Q10 mil.  Son utilizados en varias ocasiones por un precio similar al mencionado.

ALERTAS TEMPRANAS

El titular de la cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, dice que es necesario develar que detrás de fachadas de empleo se esconden grupos organizados que buscan enganchar a más jóvenes para explotarlas a través de las diversas modalidades de la trata y por eso considera que deben socializarse “alertas tempranas”.

“La gran alerta que tenemos que enviar es sobre las redes sociales, los anuncios de reclutamiento para empleo, cuando son jóvenes o jovencitas es importante que se acompañen de un adulto para saber de qué se trata realmente porque hay muchas fachadas de empresas para captación de estas redes de trata de personas”, indicó el funcionario.

La trata es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, el primero lo ocupa el tráfico de drogas y el segundo el tráfico de armas, lo cual es un desafío para países como Guatemala.

El Ministro de Gobernación está consciente que es necesario fortalecer a la PNC, pero argumenta que el fenómeno es nuevo y debe especializarse al personal policial.

“Estamos fortaleciendo las capacidades que nosotros desarrollamos para darle seguimiento al tema. Al día de hoy, la información ha sido un tanto limitada; para nosotros es un tema nuevo de trabajo donde estamos empleando mucho de nuestro esfuerzo; ya tuvimos una primera promoción de investigadores y creemos que la vamos a terminar desarrollando con una Fuerza de Tarea trabajando con el MP, con inteligencia dedicada a ello y con nuestros coordinadores del Mingob y PNC”, dijo López Bonilla.

El encargado de la seguridad considera que existe una fuerte presencia de las estructuras delictivas de trata, a través de las diferentes modalidades.

“Hay un organización criminal fuerte sobre este tema, la trata de personas, prostitución infantil, es un tema al que le estamos entrando con mucha fuerza y con cooperación especialmente por parte del Gobierno de Estados Unidos y de México, que tienen mucho interés sobre el tema”, destacó.

¿PREPARADOS?

A criterio de Leonel Dubón, el Estado aún no se encuentra preparado para combatir las 16 modalidades de la trata, pues necesita dotarse de insumos y recursos, principalmente para enfrentar los delitos cibernéticos vinculados al tema.

“Casi todas las formas de trata son utilizadas en Guatemala, a excepción de las adopciones ilegales, que tienen una modalidad distinta; las otras 15 formas son muy complicadas, sobre todo para esas estructuras que se dedican a diversificar.  En cuanto a la participación de las autoridades, vemos que todavía no hay capacidad para investigar estos delitos. Recientemente presentamos una denuncia de Baja Verapaz, de pornografía infantil y desafortunadamente han avanzado las semanas y no hay resultados de la investigación”, dice Dubón.

Según el profesional, el argumento de los investigadores es que para seguir el rastro de los delitos tecnológicos, no tienen recursos ni equipo.

“Estamos frente a un fenómeno muy complejo y a una respuesta muy vaga todavía comparado con la dimensión del problema”, lamenta.

Sandra Gularte, de la Unidad contra la Trata de Personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera que a pesar que existe el Decreto 9-2009, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, las investigaciones no logran incidir como se esperaría.

“Las sanciones han sido débiles, un caso paradigmático es el caso de los jordanos, que llevaron a 24 víctimas a Jordania para trabajo doméstico. Este año la sentencia fue absolutoria cuando se tenían todos los insumos. El mensaje que se envía es muy negativo, considero que la ley es un buen instrumento, pero son las instituciones que trabajan en el tema de investigación –el MP y la PNC–, quienes no han tenido las capacidades para fortalecer estas investigaciones”, reitera.

A decir de Gularte, a partir de la aprobación de esta legislación se han emitido aproximadamente 35 sentencias por el delito de trata.