Diversos grupos nacionales e internacionales exigen al Congreso guatemalteco aprobar una ley de búsqueda de desaparecidos de la guerra civil (1960-1996), paso fundamental para cerrar el duelo de miles de familias que piden que les devuelvan a sus seres amados.
«Somos un conglomerado de organizaciones las que estamos en lucha para lograr que el Congreso apruebe la ley de búsqueda», la cual está estancada en el Parlamento desde 2004, precisó Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
Sin embargo, lamentó que por «falta de voluntad política de los diputados» la iniciativa prácticamente está en cero después de permanecer seis años engavetada.
En tanto, el dirigente de la Fundación de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Miguel íngel Albizures, comentó a la AFP que la ley daría vida a una «Comisión autónoma de búsqueda de desaparecidos donde el Estado asume la responsabilidad».
Además, estaría integrada por representantes del Estado y de las agrupaciones de familiares de desaparecidos, quienes aportarían elementos para iniciar investigaciones y posiblemente deducir responsabilidades penales.
Ese aspecto es, a criterio de Albizures, el motivo por el cual se mantiene estancado el proceso de aprobación porque «tocaría aspectos o intereses políticos» debido al historial de muchos dirigentes.
Por ejemplo, menciona al líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, derecha), ex dictador y actual diputado Efraín Ríos Montt; y al del Partido Patriota (también derecha), general retirado Otto Pérez, quien perdió la presidencia con el actual gobernante ílvaro Colom en noviembre de 2007.
La creación de este ente autónomo es parte de las recomendaciones del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, presentado en febrero de 1999 donde documentó más de 200.000 muertos o desaparecidos durante los 36 años de guerra civil.
Es por ello, que la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala también instó al Congreso a crear la denominada Comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición.
La Cruz Roja también se sumó a la demanda al considerar que ayudaría a «cerrar el duelo» de sus familias.
«A pesar de los años transcurridos desde el final del enfrentamiento armado, miles de familias de personas desaparecidas tienen el derecho de saber lo que sucedió con ellas porque no han perdido la esperanza y necesitan cerrar el duelo», dijo la vicepresidenta de la Cruz Roja, Christine Beerli.
Todas las organizaciones también exhortan al gobierno y al Congreso a firmar y ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.