Tras presentar su informe en el caso Rosenberg, Carlos Castresana habló de su preocupación por la condición de nuestro país y dijo: «Es un enfermo que se está muriendo y que ellos, como médicos, se sienten frustrados al no disponer de los instrumentos para ayudarlo». Instrumentos que ha pedido al Ejecutivo, al Legislativo y al poder Judicial sin éxito, para enderezar un sistema de justicia que no puede sino calificarse, digo yo, de fallido puesto que de 6,451 asesinatos en el año pasado, no pronunció más que un mísero número de 230 sentencias en delitos contra la vida.
El caso Rosenberg fue investigado profesional y científicamente y la labor de fiscalía ha concluido con la más eficaz e impresionante investigación realizada en la historia jurídica de nuestro país. Pero me enchincha que las otras 6,450 PERSONAS, iguales en dignidad y derechos, hayan muerto sin que nadie se ocupe por esclarecer sus muertes y castigar a sus asesinos.
El clamor de Castresana cuando se queja por la falta de apoyo es precisamente el desgarrador resultado de que un crimen con ribetes políticos que puso en jaque a la institucionalidad pudo ser esclarecido pese a que se trataba del caso más truculento e inverosímil que pueda imaginarse, mientras que los otros crímenes, esos 6,450 asesinatos cometidos durante el año 2009, siguen siendo el estandarte de la impunidad en nuestro país y nadie parece conmoverse por esa situación.
No es que no considere yo importante y crucial el esclarecimiento del caso Rosenberg ni que acuse a la CICIG de priorizar esa investigación por las razones políticas obvias. Creo que equivocado o no, queriéndolo o no, Rosenberg puso al desnudo la crisis de justicia en nuestro país y no es casualidad que su muerte haya abierto el resquicio para atenuar el manoseo en las comisiones de postulación. Y veo en la actitud de Castresana, al abordar la problemática del país como lo ha hecho en estos dos días, un profundo sentido de responsabilidad para que la gente entienda, en este contexto que puso de manifiesto nuestro alejamiento total de la ley, la necesidad de salvar a ese enfermo moribundo que se llama Guatemala y no pensando en esclarecer únicamente casos de alto impacto y de alto relieve político o social, sino pensando muy concretamente en esas otras 6,450 víctimas que no dejan de revolotear en todo el contexto de lo que hace y dice en estos días el Comisionado de la CICIG.
Ojalá el Presidente reaccionara con la misma energía que lo hizo al conocer los resultados del caso Rosenberg. Castresana nos está pidiendo a los guatemaltecos que reaccionemos, que no dejemos morir a nuestra patria. ¿Dónde están los que decían que combatir la impunidad no es tarea de extranjeros sino de nosotros, los guatemaltecos? ¿Por qué jodidos no hacen nada para que esa capacidad que se evidenció en el caso Rosenberg pueda algún día beneficiar a esas otras 6,450 víctimas?
El clamor de Castresana no es por él ni por la CICIG que ya tiene sus días contados. Es un clamor por la justicia en un país donde es moneda corriente contratar sicarios para matar a un extorsionista, hecho que muchos ven como lo más normal del mundo. Es un clamor por construir un sistema eficiente que le dé sentido a la función misma del Estado.