Creemos que es importante señalar que el empadronamiento es un derecho y un deber de los ciudadanos y en ese sentido no puede criticarse el hecho de que los beneficiarios de Mi Familia Progresa reúnan esa calidad de manera unánime. Si acaso se puede señalar que en un país como Guatemala no es común encontrar comunidades en las que tan alto porcentaje de habitantes mayores de edad hayan cumplido con el requisito legal de empadronarse para ejercitar el derecho al voto, pero en todo caso simplemente se alentó a la gente a hacer algo que, repetimos, es un derecho y un deber.
El tema de la utilización política del programa de Cohesión Social en su conjunto no es objeto de debate sino que es un hecho real y concreto. El mismo Presidente de la República defendió públicamente el derecho que tiene el partido de gobierno para aprovecharse de los réditos políticos de las cosas que hace bien. En ese sentido tenemos que dar por sentado que el oficialismo sacará provecho de la inversión hecha con fondos públicos y contra ello no hay mucho que hacer porque así es como funciona la cuestión política. Es más, entendiendo que la capital de la República ha sido el punto flaco del partido oficial a lo largo de su existencia, se está haciendo un enorme esfuerzo por revertir esa realidad invirtiendo en cuestiones como el transporte público para garantizarse resultados diferentes en las próximas elecciones. Todo ello en medio de la enorme ventaja que ofrece una oposición incapaz de articular ningún discurso coherente ni planteamientos razonables. Puede decirse que aparte de que el oficialismo está haciendo bien su tarea, sus adversarios no encuentran rumbo y le facilitan el trabajo. Nadie podía suponer que un proyecto político como Mi Familia Progresa se iba a ejecutar dirigido a personas que no tienen sus papeles en regla para votar, puesto que es clara la intención de utilizar esa inversión pública con fines políticos. El tema no debe centrarse en ese aspecto, que por sabido se entiende, sino en si hay o no transparencia en el manejo de los recursos públicos y si los mismos, además de generar votos para el oficialismo, están cumpliendo con la función de combatir la pobreza. La cuestión de cómo se pretendió ocultar la información y el enorme esfuerzo que se hizo para negar los datos, al punto de sacrificar a un ministro como más adelante saldrán sacrificados otros que se ponen de alfombra, es lo que ha planteado enormes dudas sobre el particular.