La Corte Suprema de Justicia citó a dos funcionarios del expresidente ílvaro Uribe para informarles sobre la formulación de acusación por parte de la Fiscalía en el caso de espionaje con escuchas telefónicas y vigilancia a activistas y políticos.
La Corte Suprema de Justicia citó a dos funcionarios del ex presidente ílvaro Uribe (2002-2010) para para la lectura formal de la acusación por parte de la fiscal general Viviane Morales, informó hoy el abogado defensor de uno los imputados.
El tribunal citó para el 13 de septiembre al ex secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, y a la ex directora de la policía secreta María del Pilar Hurtado, actualmente asilada en Panamá.
El abogado de Moreno, Jaime Granados, dijo que «se hará lectura de la acusación… y se hará el descubrimiento de pruebas», precisó.
Moreno se encuentra recluido desde el 30 de julio en una escuela de la Policía en el norte de Bogotá, mientras que Hurtado se asiló en Panamá en noviembre de 2010 con el argumento de que su vida corría peligro en Colombia.
Ambos hacen parte de una vasta investigación sobre aparentes escuchas telefónicas y seguimientos ilegales desde la policía secreta o DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) a magistrados de la Corte, periodistas, opositores, activistas de derechos humanos e, incluso, funcionarios del pasado gobierno. Tal espionaje, según la Fiscalía, se habría realizado entre 2007 y 2008.
Moreno, un economista de 51 años, está sindicado de su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
A Hurtado se le responsabiliza de los mismos crímenes de Moreno y además se agregan los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Su abogado, Jaime Camacho, comentó en diálogo telefónico que «no está previsto que la doctora Hurtado asista a la diligencia; yo sí iré».
La ex jefa policial es fugitiva de la justicia colombiana desde mayo de 2011, cuando un juez de Bogotá libró orden de captura. Pese a esa situación, Panamá ha dicho que mantendrá su asilo, que lo tramitó con ayuda del ex presidente Uribe.
Ex funcionarios de la policía secreta que hicieron el seguimiento dijeron que recibieron instrucciones de Moreno y Hurtado.
Moreno y su abogado defensor mantienen que esos ex detectives dieron falsos testimonios buscando reducir sus condenas y no han presentado evidencias que sustenten sus señalamientos.
El escándalo sobre el espionaje fue denunciado por la prensa local en febrero de 2009.
La Fiscal Morales informó con anterioridad que 30 ex funcionarios hacen parte del proceso y 16 de ellos ya están bajo arresto.
Uribe sólo puede ser investigado, según las leyes colombianas, por una comisión legislativa, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que el 18 de agosto pasado –a petición del propio ex mandatario– lo escuchó en «diligencia de versión libre y espontánea».
En esa oportunidad, Uribe negó haber ordenado alguna vez las labores de espionaje y atribuyó esos señalamientos a falsos testimonios y «malquerencias» de sus adversarios.
Sin embargo, no negó que se hubiese registrado algún seguimiento. También destacó que él y varios miembros de su gabinete fueron objeto de las interceptaciones telefónicas.
Algunos críticos de Uribe han dicho que es inocua su comparecencia ante la comisión legislativa que es conocida por su lentitud y por no producir fallos. La entidad aún no ha decidido si abre una causa formal al ex gobernante.