La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy una demanda de Argentina para desmantelar y relocalizar una pastera en Uruguay que estima contaminante para un río limítrofe, al emitir un fallo que pone fin a un largo litigio que ha tensado los lazos bilaterales.
La máxima instancia judicial de la ONU, con sede en La Haya, estimó empero que Uruguay incumplió su obligación de informar a su vecino sobre sus planes de construir la fábrica, ubicada en la ciudad fronteriza de Fray Bentos, a 300 km al noroeste de Montevideo, en un dictamen que dio parcialmente la razón a ambas partes.
El gobierno uruguayo calificó en seguida de «positivo» el fallo, mientras que la representante legal argentina, Susana Ruiz Cerutti, también señaló en La Haya sentirse «satisfecha».
En su sentencia, la CIJ dictó que Argentina «no aportó pruebas concluyentes» que establezcan que la pastera esté «afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico» del río Uruguay, de soberanía compartida.
Por lo tanto, «Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo» sobre la protección del medioambiente previstas en el estatuto del río de 1975, un tratado bilateral sobre su uso compartido, según el texto de la sentencia leído por el juez eslovaco Peter Tomka.
Así, la corte desestimó una de las principales demandas de Argentina, es decir, que ordenara el desmantelamiento y relocalización de la pastera, propiedad en sus inicios de la finlandesa Botnia y actualmente en manos de su compatriota UPM.
También rechazó la petición argentina de recibir una indemnización por los daños ocasionados por la actividad industrial de la pastera.
Sobre la forma de proceder de Uruguay respecto a su vecino, la corte le reprochó que incumpliera su deber de informar a Buenos Aires -a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)- sobre sus «proyectos» para construir la fábrica de pasta de celulosa, que entró en funcionamiento a fines de 2007.
Buenos Aires había demandado en mayo de 2006 a Montevideo ante la CIJ al estimar que su vecino violó el tratado por autorizar de «forma unilateral» la construcción de la pastera y posteriormente denunció que su actividad causaba daños irreparables al río.
Uruguay, por su parte, había defendido la inocuidad de la planta, aduciendo que ningún estudio independiente ha probado que provoque daños ambientales.
El vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, juzgó el fallo de «positivo».
«Reconozco que puedan discutirse algunos de los procedimientos -esgrimidos en el veredicto-, pero Uruguay hizo lo que tenía que hacer y no es momento de discutir un fallo que a todas luces es positivo para Uruguay», afirmó en Montevideo.
Ruiz Cerutti se mostró por su parte «satisfecha» porque la CIJ «ha reconocido» que el estatuto del río Uruguay es «un instrumento importante».
Sin embargo, el gobernador argentino de la provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay, Sergio Uribarri, habló de un «sabor amargo».
La decepción fue mayor para los manifestantes argentinos que desde fines de 2006 mantienen bloqueado el puente que une la localidad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, con Fray Bentos, en protesta contra la fábrica.
Los habitantes de la ciudad, al norte de Buenos Aires, «no van a aceptar jamás que la planta UPM continúe en la ciudad uruguaya de Fray Bentos», dijo el ambientalista Lalo Moreyra, amagando con continuar con la protesta.
Con esta sentencia, Argentina y Uruguay esperan empero dar vuelta la página a un diferendo que ha tensado las relaciones bilaterales en los últimos siete años.
Según informaron el pasado fin de semana fuentes del gobierno uruguayo, el presidente José Mujica y su par argentina, Cristina Kirchner, se reunirán a más tardar dentro de una semana.