Según la Comisión Internacional de Juristas, (CIJ), la actual elección de magistrados se produce en un contexto marcado por alarmantes niveles de impunidad.

La CIJ llevó a cabo su segunda misión de alto nivel en Guatemala durante los dí­as 21 a 25 de septiembre con el propósito de observar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

A decir de Ramón Cadena, director de la Oficina de la CIJ en Centroamérica, una de las principales conclusiones obtenidas de esta observación es que la actual elección de magistrados se da en un «contexto de alarmantes niveles de impunidad».

Además, el Director informó que en el mes de julio la CIJ presentó un compromiso público por la transparencia de este proceso ante el Congreso de la República y lamentó que este no haya sido adoptado, evidenciando así­ poca voluntad polí­tica.

El voto público de los diputados es otro punto importante en las conclusiones de esta comisión, ya que lo considera como un requisito indispensable de la democracia e importante para excluir la confección de planillas que «simplemente reflejan la existencia de acuerdos polí­ticos».

DENUNCIAS SIN INVESTIGAR

Al revisar el trabajo de las comisiones de evaluación de candidatos, los juristas encontraron que no se investigaron denuncias sobre el monto y origen de los fondos de organizaciones de abogados que participaron en la elección en el Colegio de Abogados y que no se les otorgó la debida consideración a la trayectoria profesional de los jueces en ejercicio.

Además en la selección de candidatos para la Corte Suprema se produjeron largos recesos, lo que para la CIJ evidencia la existencia de acuerdos a espaldas de la opinión pública, esto aunado a que no se llevaron a cabo audiencias públicas y entrevistas con los aspirantes.

Para la Comisión es importante dotar de transparencia, no sólo la actual elección de magistrados, sino también a la de todas las autoridades públicas, y por ello considera que debe aprobarse la Ley de Comisiones de Postulación la cual exigirí­a al Congreso de la República actuar con base en los principios de transparencia.

A decir de Cadena, «La importante auditorí­a de la sociedad civil debe continuar en la fase final de este proceso», y recomendó que los sectores que aún no se han involucrado en esta trascendental elección lo hagan en el ejercicio de su derecho a la participación ciudadana.