La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia hoy sobre la demanda introducida por Nicaragua contra Honduras por un diferendo territorial de 130 mil km2 en el Mar Caribe, una vieja disputa que los presidentes de ambos países se comprometieron cerrar acatando el fallo del tribunal con sede de La Haya.
El litigio, que se inició en 1999, ha sido un foco permanente de tensión entre los dos vecinos, que se acusaron mutuamente de militarizar sus fronteras y violar la franja marítima en disputa, motivando la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para establecer una zona de exclusión.
Ante esta situación, y con el objetivo de dar una fuerte señal de compromiso con la unidad centroamericana, los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Honduras, Manuel Zelaya, anunciaron que se reunirán en la frontera común para aguardar el veredicto de la CIJ, que se dará a conocer a las 15:00 locales (7:00 en Centroamérica) y será inapelable.
«Hemos acordado reunirnos en la frontera del Guasaule (noroeste) y, conociendo la sentencia de la Corte, darnos un abrazo como hermanos centroamericanos y decirle a nuestros pueblos que llegará el día en que vamos a borrar las fronteras en Centroamérica», dijo Ortega el jueves pasado.
Como quedó dicho, la causa se remonta a diciembre de 1999, cuando Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ días después de que el Congreso hondureño ratificase un tratado limítrofe con Colombia firmado en agosto de 1986, que según Managua ataca a parte de su soberanía en el mar Caribe.
En su presentación, Nicaragua pidió a la Corte de La Haya que «determine el trazado de una frontera marítima única» entre las aguas territoriales, la plataforma continental y las respectivas zonas económicas de exclusión de ambos países, en particular una superficie de 130.000 km2 en el mar Caribe.
La zona en disputa está ubicada al norte del paralelo 15, en el que se encuentra la desembocadura del río Coco y que marca la frontera terrestre entre Nicaragua y Honduras según un laudo arbitral pronunciado por el rey de España en 1906.
De acuerdo con Nicaragua, la frontera marítima con su vecino en el mar Caribe «no ha sido determinada», por lo que pide «equidad» y «justicia» en la repartición de la zona en disputa.
En cambio, Honduras asegura que existe «una línea de delimitación que sigue directamente hacia el Este el paralelo de latitud a partir del punto establecido en la sentencia» de 1906, es decir la desembocadura del río Coco.
La sucesión de reclamos elevó la tensión entre ambos países y llevó la cuestión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mediador, el diplomático Luigi Einaudi, obtuvo un acuerdo de «exclusión militar» en la zona en litigio entre los paralelos 15 y 17.
Este es el tercer juicio entre Nicaragua y Honduras ante la CIJ en las últimas cuatro décadas.
El primero fue en los años 70 cuando ambos Estados se disputaron la posesión de la Moskitia, que Honduras ganó al obtener la soberanía sobre buena parte de los territorios indígenas.
Posteriormente, en los años 80, el primer gobierno de Ortega acusó a Honduras de promover actividades militares transfronterizas contra su administración al prestar su territorio a los «contras» patrocinados por Estados Unidos. Las partes desistieron del proceso.
La CIJ juzga los diferendos entre Estados, especialmente territoriales. Si bien sus decisiones son definitivas, el tribunal no está capacitado legalmente para obligar a ningún país a ejecutarlas.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio la razón a Honduras por la soberanía de cuatro islas en el Mar Caribe en disputa con Nicaragua, y estableció una nueva frontera marítima que reconoce parte de los reclamos de Managua sobre una zona de 130 mil km2, según un fallo dado a conocer hoy en La Haya.