La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) adversa la postura de Carlos Menocal, ministro de Gobernación, quien justificó el desalojo de 300 campesinos de la Sierra Lacandona, Petén, aduciendo que los desalojados colaboraban con el narcotráfico.

Al informar a medios de comunicación sobre los resultados del desalojo, Menocal indicó: “Las investigaciones preliminares de inteligencia arrojan que las personas que viven en esta parte del departamento de Petén colaboran con una agrupación del crimen organizado que opera en el lugar, incluidas acciones relacionadas con el narcotráfico”.

Lo anterior fue adversado por la CIJ, quienes opinan que el funcionario no debe generalizar una acusación de esa naturaleza y lo invitaron a presentar pruebas, si las tiene.

Ramón Cadena, presidente de esa instancia, indicó: “Nos preocupa que Menocal generalice y acuse a los 300 campesinos de estar colaborando con el narcotráfico, no se puede generalizar d la misma forma que se generalizó durante el conflicto armado  que toda la población era colaboradora de la guerrilla, lo que justificó el genocidio y la tierra arrasada”.

Cadena solicitó a Menocal que “aclare de qué acusación se trata y que presente las pruebas especí­ficas, si las tiene, y que diga quiénes son”, porque considera que sus declaraciones solo justificaron el desalojo forzoso, y dejaron con ello a decenas de familias sin techo, sin vivienda y en extrema pobreza.

Cadena consideró además que, en efecto, la zona en mención tiene presencia de narcos, pero denunció que las autoridades “no hacen nada por desarticular a esos grupos”. También indicó que esas acciones no van encaminadas a combatir esas células ilí­citas sino “implementar el megaproyecto 4 Balam y construir cuatro hidroeléctricas en la margen del rí­o Usumacinta”.

Se intentó obtener una reacción por parte de Menocal pero no fue posible la comunicación por la ví­a telefónica.