El Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, presentó el diagnóstico con enfoque en Derechos Humanos del Programa de Trasferencias Monetarias Condicionadas (TMC), indicando que de alguna forma este programa ha ayudado a la reducción de la pobreza extrema del 15 al 13 por ciento, pero sigue siendo clientelar.

El investigador del CIIDH Mario Celada indica que el programa evidencia las condiciones de iniquidad que vive la población guatemalteca principalmente por la desigualdad económica y social que ha imperado en el país.

Celada señala que entre las principales debilidades de dicho programa es que se ha sustentado legalmente en Acuerdos Gubernativos y no a una ley nacional, debilitando institucionalmente al Estado. Asimismo, indicó que el clientelismo político al que ha estado expuesto el programa, ha aumentado la posibilidad de un manoseo político.

También señaló que el programa de TMC responde a una lógica patriarcal y de discriminación hacia las mujeres y no prevé el garantizar el derecho a la educación, salud, alimentación, trabajo y derechos sexuales y reproductivos para las mujeres.

Además, Celada dice que no existen mecanismos adecuados de comunicación o de atención y de participación ciudadana, lo cual ha repercutido en violaciones de derechos de los titulares sin un registro idóneo.

El investigador expuso que hay una clara ausencia de pertinencia cultural al no tomarse en cuenta los sistemas tradicionales de salud y alimentación. Así como el reforzar la subordinación de la mujer a las tareas del cuidado, violentando el principio de no discriminación.

Indica que el programa no compensa la inflación pues mantiene el monto de trasferencias al mismo nivel de 2008, reduciendo el presupuesto en términos absolutos y relativos, así como la reducción de la cobertura geográfica y de beneficiarias violentando el principio de progresividad.

UNIVERSALIZACIÓN
Entre tanto Jorge Santos director de CIIDH indica que el estudio refuerza una posición tendiente a garantizar los programas de asistencia social desde la perspectiva de los derechos humanos, esta perspectiva manda a los estados a universalizar la garantía de los derechos, es decir que en el ejercicio de los programas estos debieran mantener un esfuerzo sostenido financiero de alrededor de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, es decir de Q4 mil 400 millones, triplicando el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

Santos indica que cuando se habla de la universalización de los programas de asistencia social es la atención a los 8 millones de habitantes que viven en pobreza, entonces en esa medida se debe buscar la focalización como un instrumento de universalización, para que estos programas sociales atiendan  a un 13.3 por ciento de la población que subsiste en extrema pobreza, incrementando las remasas a la población que subsiste en condiciones de pobreza general.

El CIIDH indico que se debe crear el marco legal de las TMC a través de una ley de carácter nacional y la integralidad del programa en un marco de política social del país.

Asimismo, señaló que se debe evitar usos electorales y clientelismo político, pues no deben ser figuras políticas quienes decidan sobre el programa. Asimismo, fortalecer las políticas de protección social, tendientes a la universalización del derecho a la seguridad social.