En lo que va del año el Ministerio Público (MP) ha solicitado 305 prórrogas de prisión preventiva, generando con ello que más de 600 personas ligadas a proceso permanezcan sin que su situación jurídica se resuelva.
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La Ley establece que el tiempo máximo para que una persona ligada a proceso guarde prisión preventiva es un año, no obstante, el MP puede pedir cuantas veces lo requiera una prórroga para el proceso. El año pasado solicitaron 4 mil 41 prórrogas.
A criterio de abogados litigantes, la parte acusadora ha hecho un uso abusivo de esa facultad legal y ha generado con ello el hacinamiento que reportan las cárceles del país; además, no promueve la resolución pronta y cumplida de los conflictos.
A la Cámara Penal también la ha preocupado ese tema y ha sugerido una serie de reformas y sugerencias a los tribunales y judicaturas para procurar que la aplicación de la justicia sea, en la mayor medida, pronta.
CíRCELES
Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario, ha reconocido en reiteradas ocasiones que las cárceles del país sufren de un gran hacinamiento, lo que ha generado descontroles en cuanto a su administración.
Esquivel explicó que en los 20 centro carcelarios de todo el país se reportan, hasta ayer, un total de 10 mil 319 personas privadas de libertad entre condenados, presos preventivos reos hospitalizados y vinculados a faltas. De los anteriores 4 mil 345 hombres y 223 mujeres; que suman un total de 4 mil 568 personas condenadas en las prisiones.
Pero en el caso de la prisión preventiva existen 5 mil 225 hombres y 433 mujeres que no han resuelto su situación jurídica; estas personas a excepción de los considerados de alta peligrosidad, permanecen en su mayoría en la cárcel de la zona 18, totalizando 5 mil 658 reos preventivos Sumado a lo anterior se reportan 69 personas encarceladas por faltas, 24 reos en hospitales, 22 de éstos son hombres, que suman los 10 mil 319 en total.
CRISIS
César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, opina que ese gran número de prórrogas «es una muestra de cómo el proceso no se está desarrollando en los plazos establecidos en la Ley».
Barrientos añade que el proceso está siendo realizado con «demasiadas obstrucciones» y que «se ha desnaturalizado» la etapa preparatoria del proceso penal hace que sea difícil que el proceso se desarrolle en el año establecido;
«La excepción se volvió la regla y el problema de esto es que en cada caso, habrá un promedio de dos procesados o sea que hay más de ocho mil personas cuyo proceso no ha sido resuelto y está retrasado», manifestó preocupado el magistrado.
Barrientos añadió que ello ha generado la necesidad de revisar las formalidades y las prácticas que se están realizando en los tribunales para abreviar los plazos y que se han tomado otras medidas como la elaboración de un reglamento de casación penal y de una circular para agilizar el proceso penal con medidas como: no suspender los debates cuando falta un testigo y «el ahorro de tiempo en prueba superabundante», indicó.
¿ABUSO?
Frank Trujillo, abogado litigante, opinó que ese tipo de medidas tomadas por el MP afectan no sólo al proceso sino a las personas que están en una situación inestable jurídicamente.
«El artículo tres del Código Procesal Penal establece que todas las partes deben sujetarse a las reglas del proceso y aunque las prórrogas están en la Ley, uno de los principios del proceso oral y de la Ley es que pronta y cumplida y esos ejercicios van contra el principio legal», manifestó.
Trujillo añadió que la investigación del MP no está sujeta a ninguna acción del defensor y que es en un plazo de tres meses que los fiscales deberían recabar las pruebas necesarias para crear una acusación formal, e insistió en que la investigación deficiente genera que esa instancia abuse de las prórrogas.
El abogado litigante consultado dijo finalmente que el mayor de los problemas de este tipo de medidas es que los sindicados «están cumpliendo una condena previamente. Por ejemplo: en un juicio por estafa, hay casos donde las personas pasan más de tres años sin ser condenadas y el delito no contempla más de cuatro años de prisión, entonces básicamente está cumpliendo su condena; además, la prisión debe darse como caso extremo y no como regla común», enfatizó el jurista.
10,319
Privados de libertad
En 20 cárceles del país
5,658
Reos
En prisión preventiva
4,041
Prórrogas
Solicitó el año pasado el MP
305
Prórrogas
Han solicitado el MP en lo que va del año