Con gran esperanza en la justicia, los guatemaltecos se enteraron que el juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, a cargo de la jueza Norma Eugenia Fratti Luttmann, ordenó suspender ayer en forma temporal el aumento a las tarifas eléctricas, al otorgar un amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
En cumplimiento de sus atribuciones, el Magistrado de Conciencia promovió la acción de amparo en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el ministro de Economía Rubén Morales y el ministro de Energía Carlos Meany, luego que el primero de mayo en curso entraron en vigor los nuevos pliegos tarifarios.
El alza del 30 por ciento ha perjudicado a los habitantes en general, pues de inmediato se produjo un incremento en cadena de los precios de muchos de los productos.
El fallo judicial no solo hace prevalecer el Estado de Derecho, sino constituye un acto de justicia, dando cumplimiento a los derechos económicos contemplados en la Carta Magna de Guatemala y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El amparo contra los dos Ministros se justifica por el papel impropio de dichos funcionarios al permitir aumentos desmesurados, no solo en el campo de la electricidad, sino de muchos artículos y servicios con grave lesión para los derechos del pueblo.
Hay que felicitar al Procurador de los Derechos Humanos, pues con su actuación no solo ha obtenido cien puntos ante los ojos de la población, sino que constituye un fuerte revés para quienes en forma irresponsable han asegurado en otras ocasiones, que dicho funcionario solo defiende a los delincuentes. Aquí cabe la pregunta: ¿serán delincuentes acaso los miles de consumidores del fluido eléctrico a quienes en este momento está protegiendo el Procurador?
También es justo reconocer la valiente decisión de la señora Jueza al dictar la resolución que suspende el aumento, y ordena que las empresas distribuidoras de la energía eléctrica tienen que reintegrar lo cobrado en exceso a quienes ya lo hubieran pagado. Asimismo, mientras se resuelve en definitiva el amparo, la Empresa Eléctrica, Deocsa y Deorsa, únicamente podrán aplicar las tarifas que estuvieron vigentes en el trimestre de febrero a abril.
También es necesario destacar la firme postura de los miembros de dos de las principales centrales sindicales, el Frente Nacional de Lucha y la Unidad de Acción Sindical y Popular, quienes desde el primer momento salieron a las calles protestando en contra del aumento, que además de arbitrario era desproporcionado. La primera organización incluso está promoviendo la nacionalización del servicio eléctrico.