Corte Interamericana busca adoptar medidas de protección para ciudadanos guatemaltecos que han sido condenados a muerte, mientras no se resuelva, de forma definitiva, no restablecer la pena capital.
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Mientras que bloques parlamentarios en el Congreso de la República arremetieron ante la decisión tomada por el presidente de la República, ílvaro Colom, de vetar la iniciativa que reactivaba, luego de casi ocho años, el indulto presidencial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se congratuló con la decisión del mandatario.
La institución sostuvo, a través de un comunicado, su satisfacción por la resolución que impedía que se establecieran nuevamente las ejecuciones de la pena capital en la región, medida que hubiera puesto en camino a la inyección letal a 25 condenados.
El mensaje enviado por la CIDH se da un día después que dos de los bloques con mayor representación en el Organismo Legislativo, Partido Patriota (PP) y la Gran Alianza Nacional (Gana) se mostraron inconformes por el veto, el cual según la Comisión de Gobernación debería de elevarse a la Corte de Constitucionalidad para su análisis.
Satisfacción
Uno de los argumentos esbozados por la Comisión Interamericana señalaba que «valora positivamente que el veto se haya fundado en la obligación de respetar el derecho a la vida consagrado en la Constitución de Guatemala y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Lo anterior fue resaltado por uno de los argumentos presentados por el Ejecutivo, en el cual se expresaba que cualquier disposición que intentara restablecer la pena de muerte estaría violentando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que señala que: «No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la hayan abolido».
La CIDH es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas, conjuntamente con la Corte Interamericana del mismo nombre, las cuales forman parte de manera autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La manifestación del ente regional especifica, además, que el pasado 25 de marzo, esa institución solicitó a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, adoptara medidas de protección para los condenados a muerte en el país, «así como para aquellas que en el futuro puedan ser sentenciadas a dicha pena». La iniciativa se realiza mientras que no se resuelva definitivamente la polémica que podría ser conocida por la CC.