La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió a Guatemala detener la explotación minera por contaminación, falta de controles y se evaluará su reanudación hasta realizarse estudios a profundidad. Organizaciones ambientalistas del paí­s felicitan y aplauden la resolución puesto que el Gobierno nunca veló por la seguridad ambiental y la salubridad de las personas

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ente independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó el dí­a de ayer al Gobierno de Guatemala detener la explotación de oro y plata del proyecto minero Marlin, ya que afectan la salud de poblaciones indí­genas en las cercaní­as.

La resolución se emitió gracias a la ardua petición de indí­genas de 18 comunidades que están siendo afectados por la contaminación generada por la minera, e indica no solo el cese de actividades sino la descontaminación el agua de la zona y solucionar los problemas de salud de los perjudicados.

POR FIN

Carlos Salvatierra, representante de la Escuela de Pensamiento ecologista Savia, menciona que como organización ecologista «nos complace y nos alegra que por fin se hayan dado este tipo de medidas de precaución, que el gobierno tuvo que haber tomado desde el principio para evitar los impactos que ya están ocasionando los proyectos mineros.»

ACATAR E IMPLEMENTAR

Según Yuri Melini, representante del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), «está satisfecho y aplaude la resolución de la CIDH. Esperamos (también) que el Presidente de la República apoye los convenios y tratados internacionales, y no solo acate la resolución, sino que la implemente para beneficio de la gobernabilidad democrática del paí­s, y por supuesto de la gobernabilidad ambiental».

PROBLEMAS INTERNACIONALES

Así­ como se ignoró la petición de grupos ambientalistas detener la explotación petrolera en la Laguna del Tigre, se teme que la resolución de esta organización internacional no sea tomada en cuenta.

Melini aclara que «de no acatar y responder a las resoluciones, el paí­s quedará muy mal internacionalmente. CALAS exhorta al Presidente a que tome la resolución como está establecida y que trabaje en resolver el problema.» y agrega que velarán por que esto se cumpla.

De acuerdo con Salvatierra, el gobierno no puede tomarse este tipo de resoluciones a la ligera dado que la CIDH no es un organismo que tome las cosas con simpleza; al contrario es un organismo respetable y reconocido a nivel internacional.