CICIG versus OJ


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Dentro de lo aburrido, hastiado, tedioso, mediático, insufrible y desquiciante abuso de la propaganda y los conflictos electorales que saturan los medios de comunicación, arruinan el paisaje y alienan a los ciudadanos, momentáneamente, se ha desviado un poco la atención hacia el confrontamiento entre la CICIG y el OJ, cuando Dall’Anese, dijo con toda la emoción del caso, que los jueces (todos), eran los responsables de la corrupción y la impunidad, llevándose por delante a quien se le puso enfrente, como el tsunami tico que arrastró al OJ, que levantó muros de contención débiles a través de su presidente Luis Archila.

Héctor Luna Troccoli

 


Castresana ¿se acuerdan?, fue la versión española de Elliot Ness, el jefe de Los Intocables, y Dall’Anese la versión tica de Castresana. Ambos necesitan resolver los problemas de corrupción e impunidad en Guatemala en el supremo tribunal de los Medios de Comunicación, en donde, quienes pueden ser noticia, tienen cancha abierta para decir lo que quieran para regocijo de dichos medios y sus seguidores.

Ya en una columna anterior me referí­ a que el comisionado supremo de la CICIG en sus declaraciones se extralimitó en las acusaciones que hizo, pero que en parte tení­a razón. Lo que sí­ dejé claro es que en lo personal, estoy hasta el copete que si antes los gringos nos invadí­an el territorio a lo puro bandido, como lo hicieron en Panamá, República Dominicana, Granada y otros paí­ses, enviando soldados y armamento sofisticado a paí­ses totalmente débiles; ahora, a ellos con una nueva táctica, se han unido nuestros “tatitas” europeos, utilizando una polí­tica diplomática del “gran garrote” para contribuir al combate de la impunidad y protección a los derechos humanos. Si alguien SUFRE la impunidad y la violación de sus derechos humanos somos los guatemaltecos, por lo que basta con que nos ayuden callada la boca y no utilizando frases condicionadas y condicionantes de “te ayudamos pero…”

Volviendo al pleito CICIG-OJ, por la actuación complaciente de los grupos “sociales” y los “medios mediáticos”, parece ser que el triunfador es Dall’Anese, sostenido y empujado por naciones “amigas” de esta pobre Guatemala. No niego que Dall’Anese tenga buena parte de razón, lo que no acepto es la prepotencia y abuso con que lo hace, al más fiel estilo de los procónsules que desde hace 500 años nos vigilan y ordenan. En otros paí­ses son drásticos en cuanto a la participación de extranjeros en su vida nacional pero aquí­ no, aquí­ les abrimos los brazos y les damos el… caluroso apretón de manos, Incluso en los medios hay cantidad de columnistas (principalmente “ellas” y algunos “ellos”) que hacen pedazos a personas e instituciones, cuando aquí­ se les ha dado sustento y abrigo. Mal paga el diablo al que bien le sirve, dicen.

La CICIG tiene un mandato claro y lo debe cumplir a cabalidad sin las poses de artistas de cine, rodeados de cámaras y luces. Una parte del Organismo Judicial, incluyendo magistrados, jueces y sobre todo auxiliares de justicia son corruptos: Eso lo sabemos, parte de ello, me di cuenta que la famosa Ley de la Carrera Judicial, es la enorme chamarra con que se tapan todos y por eso la supervisión de tribunales (que tiene a su cargo investigar las denuncias), puede llegar a determinar la participación de jueces en hechos delictivos gruesos (de los cuales yo ví­ informes de 4 o 5), pero al llegar a la junta disciplinaria allí­ mueren y delitos graves donde está involucrado el narcotráfico, se convierten en faltas que si mucho, “ameritan” una amonestación privada o no se les da trámite por considerar que no hay motivos, ni pruebas suficientes.

Es urgente hacer una depuración de miembros del OJ, con o sin CICIG y no porque ella lo diga, sino porque las máximas autoridades, por una sola vez, no deben aceptar presiones de sindicatos blancos o asociaciones débiles. Sin embargo, tanto la CICIG como el OJ no deben utilizar como el sitial del juez a un medio de prensa para ganar protagonismo. No señores, todos ustedes, eminentí­simos abogados, saben que el Ministerio Público es el ente investigador junto con la PNC y que es el MP quien debe presentar la acusación penal acompañada de los querellantes adhesivos que sean necesarios para meter al bote, y no solo despedir a la partida de pí­caros que están en los tribunales de la república por faltas “leves”.

Los jueces, los magistrados, los auxiliares de justicia quisieran que todo lo malo que hacen (como dejar libres a narcotraficantes o delincuentes polí­ticos cuyos juicios no caminan o caminan hacia la inocencia del niño de primera comunión a quienes se les han probado infinidad de delitos), sean simples “faltas” que se cobijen bajo la obsoleta y protectora ley de la carrera judicial a la cual se le presentaron reformas que duermen en otro corrupto organismo: el Congreso de la República.

La impunidad y la corrupción no se combaten apareciendo en la tele, la prensa o la radio. Es en los tribunales con pruebas y la ley en la mano. Los litigios son en los tribunales, las pruebas se presentan ante los tribunales, las sentencias salen de los tribunales, el proceso se sigue ante los tribunales. ¿Será posible que la CICIG y el OJ entiendan esto?

NO ES SI, SON O FUERON. Muchos ciudadanos y periodistas formadores de opinión, se han centrado y concentrado en discutir si Harold Caballeros y Sandra Torres, fueron o son, uno pastor evangélico y la otra esposa de ílvaro Colom, olvidándose que lo que se discute es SI DEJARON DE SER PASTOR O ESPOSA PARA OPTAR A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL, CON EL OBJETO DE ELUDIR UNA DISPOSICIí“N CONSTITUCIONAL. Los magistrados del OJ y la Corte de Constitucionalidad que conocerán del asunto deben centrarse en si se cometió o no se cometió fraude de ley para aplicar la norma constitucional. Porque como dijo el empleado aquel, la ley es la ley.