A un año de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, seguimos en las mismas situaciones al no conocer avances en el combate contra la impunidad, es decir, han pasado meses sin pena ni gloria para desenmascarar aquellas personas que forman parte de las mafias que cometen hechos de violencia.

Al instalarse la CICIG se creo expectativas en los distintos sectores de la sociedad civil y se llegó a creer que con esta institución se comenzarí­a a combatir los cuerpos ilegales y clandestinos que nos tienen de rodillas, pero los resultados muestran un fracaso para combatir la impunidad, solo se constata que el sistema de justicia sigue siendo rebasada por intereses ocultos que siguen beneficiándose de tanta ilegalidad.

La CICIG fue creada con apoyo de la comunidad internacional para fortalecer el sector justicia y colaborar para detectar a los responsables de la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano, narcotráfico, muertes inhumanas de pilotos de transportes urbanos y de mujeres, pero esos fines están lejos de la realidad y de las demandas de la población que diariamente demanda justicia.

Para no seguir desesperando a la ciudadaní­a, la CICIG debe transformar sus estrategias de investigación penal y aportar pruebas contra los grupos clandestinos e ilegales. Asimismo, reivindicar sus objetivos y demostrar capacidad para apoyar al Ministerio Público en los casos de impacto social, demostrando valentí­a contra personas que reciben protección del Estado o de sectores económicos influyentes. No se debe permitir que las instituciones de justicia sigan siendo utilizadas y manipuladas.

Es lamentable que sigan reproduciéndose los obstáculos estructurales que impiden la aplicación plena de la ley, pero es urgente hacer público los nombres y apellidos de individuos e integrantes de sectores organizados que propician tantos problemas sociales.

Es inaplazable revelar intereses ocultos en el incremento de la portación de armas de fuego, comenzando con algunos diputados desvergonzados que pretenden convertir en negocios los asesinatos entre los ciudadanos. Los responsables de la desaparición de los Q82.8 millones del Congreso de la República deben ser perseguidos penalmente, incluyendo a los últimos ex presidentes de dicho organismo. Las redes que han atentado contra la vida de lí­deres que defienden la naturaleza deben afrontar la justicia y se conozca de una vez quienes encabezan los negocios de las explotaciones naturales. Las violaciones al derecho a la Libertad de Expresión también deben ser indagadas, ya que muchos periodistas han sido objetos de agresiones, amenazas y asesinatos por hacer público denuncias de corrupción, enriquecimiento ilí­cito y el acaparamiento de la riqueza del paí­s en pocas manos.

El imperio de la ley debe cumplirse por los tribunales, el Ministerio Público y la CICIG, urge justicia eficaz para todos y todas.