Una serie de propuestas y recomendaciones a la Ley de armas y municiones fueron presentadas por el Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana, a la Junta Directiva del Congreso. El presidente del Legislativo, Eduardo Meyer, acordó trasladar el documento a los jefes de bloque, quienes lo tomarán en consideración para estudiar la posibilidad de incluirlas en el cuerpo de la normativa.

Diez propuestas operativas de artí­culos contienen las recomendaciones del delegado de la CICIG. La primera de ellas coincide con las de la Fundación Myrna Mack y es referente al marcaje: toda arma de fuego, sus piezas, componentes y municiones deben estar debidamente identificados mediante este mecanismo, que consiste en que los enseres antes descritos estén marcados con el nombre del paí­s donde fueron fabricados, el lugar al que se dirige y el lugar donde fue comercializado.

En el caso de las municiones, el marcaje debe contener: marca comercial, calibre, nombre del fabricante, ciudad, paí­s y año de fabricación, número de lote o partida y cada caja y embalaje de munición será marcada con la misma información.

Digecam

Castresana también redefine las funciones y atribuciones del Digecam en autorizar, registrar y controlar la fabricación, exportación, importación, el tránsito, la intermediación, el almacenaje, desalmacenaje y transporte de armas y municiones.

El Digecam también estarí­a encargado de autorizar y controlar el funcionamiento de establecimientos que se dediquen a la comercialización, intermediación, importación y exportación de armas de fuego y municiones, pero también tomará las huellas balí­sticas de cada arma y remitirá al gabinete de identificación toda la información.

Funcionarios públicos

Según la propuesta de la CICIG, también se incluirí­a en la ley los delitos cometidos por funcionario públicos, castigándolos hasta con ocho años de prisión inconmutables. «Quien por ejercicio de cargo o autoridad omitiere remitir al Digecam, a la brevedad posible, o se apropie de las armas decomisadas. No marque un arma de fuego incautada, confiscada o decomisada. Extienda certificaciones y licencias sin que concurran los requisitos establecidos, será sancionado con seis a ocho años de prisión», dice textualmente el documento.

Finalmente, Castresana sugiere una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que tendrí­a por objeto coadyuvar en investigaciones y persecuciones de los delitos de tráfico ilí­cito, obliteración, supresión o alteración ilí­cita de marcas de arma de fuego o municiones, y fabricación ilí­cita de armas de fuego, se aplican las normas sobre los delitos de la delincuencia organizada, los agravantes especiales, los medios para investigar, los métodos especiales de investigación y persecución penal, las medidas precautorias, las penas accesorias, así­ como las reglas sobre colaboradores y medios de impugnación.

De acuerdo con el Comisionado de la CICIG, la intención es ayudar a que la legislación en el tema de las armas sea fortalecida a efecto también de que estén en la lí­nea del Derecho Internacional, tal y como lo establece el mandato del Convenio que le dio vida a la Comisión que dirige.