La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) busca agregar el delito de peculado al ex militar Jacobo Salán Sánchez, quien fue beneficiado con una fianza de Q1 millón con la que podrá recuperar su libertad.
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Marco Antonio Villeda, titular del juzgado Quinto de Primera Instancia y contralor de la investigación contra Salán, resolverá si es procedente cambiar el delito de encubrimiento propio por el del peculado al sindicado.
La solicitud fue efectuada por la Fiscalía especial para la CICIG, la cual considera que Salán debe enfrentar cargos por el delito de peculado ya que tiene pruebas que confirman que el ex militar fungió como funcionario durante el gobierno de Alfonso Portillo, cuando se ejecutó el desfalco.
El delito por el que actualmente enfrenta cargos Salán contempla una condena máxima de tres años de prisión, mientras que el de peculado, el cual quiere agregarle la Fiscalía, es penado con un máximo de diez años de prisión.
Salán Sánchez, quien fungió como asesor de seguridad del ex presidente Portillo, fue capturado el 5 de septiembre en Izabal, luego de haber evadido a la justicia durante un año y tres meses. La captura en su contra fue solicitada el 25 de junio de 2009 y fue ligado por encubrimiento propio pues la Fiscalía no comprobó que Salán fuera funcionario.
La defensa del ex militar solicitó una revisión de la medida para obtener la libertad del sindicado, sin embargo, el juez Villeda le denegó esa solicitud porque consideró que existía peligro de fuga por parte de Salán.
Sin embargo, la sala Tercera revocó ese fallo y le otorgó una fianza de Q1 millón a Salán, pago que no ha sido efectivo debido a que esa instancia tiene pendiente remitir el expediente del proceso al juzgado Quinto de Primera Instancia; por lo que el ex militar continúa hasta hoy en prisión preventiva.
Analistas especializados en materia jurídica criticaron el fallo que favoreció a Salán, con una fianza de Q1 millón, pues consideraron que ese fallo genera impunidad por los vínculos que el sindicado podría tener con «poderes ocultos», opinaron.
La CICIG tiene pruebas que vinculan a Salán con el traslado, en vehículos del Ministerio de la Defensa, de Q30 millones en efectivo hacia las bóvedas del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), dinero que fue transferido poco después hacia cuentas privadas de ex funcionarios y familiares de estos. El desfalco total investigado superaría los Q 900 millones.