Coacción, amenazas, falsa acusación, estafa propia y hasta agresión física; son sólo algunos de los delitos por los que han sido señalados 17 candidatos a Fiscal General que fueron tachados por la CICIG ante la comisión postuladora.
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó más de 140 señalamientos contra 17 de los 29 candidatos a Fiscal General, entre los cuales existen denuncias por los delitos arriba citados.
Las tachas detalladas el 23 de marzo último por Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, se refieren a denuncias en el Ministerio Público (MP), quejas administrativas y sanciones disciplinarias; no obstante, el titular de esa instancia también se refirió al desempeño profesional de los juristas.
La CICIG apuntó al inicio del informe que «la información sobre algunos candidatos podría ser suficiente como para que la Comisión de Postulación considere que las personas evaluadas no reúnen los requisitos indispensables de capacidad u honorabilidad para ser consideradas idóneas para ocupar un cargo de la jerarquía y relevancia de Fiscal General».
Entre las tachas emitidas contra los candidatos están las 11 denuncias en el MP por los delitos de coacción, colusión, simulación de delito, falsa acusación y amenazas; entre otros, además de las 17 multas por amparos improcedentes contra el candidato Mauricio Rolando Izquierdo ívila.
Contra íngel Comte Cojulún la CICIG detalló que durante su gestión como asesor de seguridad de la anterior administración de la Corte Suprema de Justicia se reportó la pérdida de 41 mil cartuchos de municiones de la bodega judicial de esa instancia.
César Augusto García Cabrera, quien fungió como fiscal del caso Boquerón, tiene ocho denuncias disciplinarias en el MP; además se sospecha que pudo incurrir en plantación de pruebas al reportar 4 armas de fuego utilizadas para el crimen contra los policías implicados en el caso Parlacen, las cuales no fueron reportadas con anterioridad.
A Vinicio García Pimentel lo señalan de haber sido defensor de militares y personas ligadas a aparatos clandestinos; uno de éstos fue Obdulio Villanueva, militar condenado a prisión por el asesinato de Pedro Sas.
José Arturo Rodas fue administrador de varias empresas, mientras se desempeñó como fiscal del MP, lo que a criterio de la CICIG es incompatible con la Ley. Además le aparece una denuncia por abuso de autoridad y otros delitos.
La CICIG también tachó a los abogados Luis Alfonso Carrillo Marroquín y José Martí Guilló, quienes presentaron planes de trabajo idénticos. Al primero lo tachó porque su plan de trabajo presenta «graves problemas formales»; mientras que al segundo por ser el autor del proyecto de ley contra la narcoactividad, el cual incluyó la pena de muerte como sanción.
Luis Alexis Calderón fue señalado porque le aparecen cuatro denuncias en el MP por abuso de autoridad y amenazas; además tiene quejas administrativas en su contra. La CICIG también señaló que este abogado pretendió constituirse como abogado defensor de los hermanos Valdés Paiz, quienes son señalados de ser los autores intelectuales del asesinato de Rodrigo Rosenberg.
Otros candidatos a la fiscalía general de la nación fueron tachados por la CICIG por quejas administrativas, multas y denuncias penales ante el MP.