En una entrevista con Diario La Hora, Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), habló acerca de las investigaciones de estructuras criminales, la importancia de la elección de Fiscal General, así como la preparación del país para continuar en busca de la justicia sin el ente internacional.

La Hora: Del conocimiento que ya tiene de Guatemala, ¿Cuáles considera que son los principales retos para investigar estructuras criminales infiltradas en el aparato estatal?

Iván Velásquez: Hay dificultades en el funcionamiento del aparato de justicia en su conjunto, que dificulta abordar cualquier investigación relacionada con estructuras criminales con más profundidad. Yo creo que hay mucho temor en los diferentes sectores y eso impide poder desarrollar una investigación en la que siempre hay que contar con información que ayude a orientar la investigación con precisión, probablemente por todo lo que ha sufrido la población en el pasado.

Igualmente se ve, tal vez con un poco menos de intensidad, ya que hay una tradición general de impunidad, que si no hay una respuesta adecuada del sistema de justicia frente a hechos de mucha gravedad en el país, la población desconfía del sistema de justicia y al hacerlo colabora mucho menos, y en consecuencia avanza menos la actividad de la justicia y se convierte en un círculo vicioso.

La manera de romper (el círculo vicioso) es afectar directamente la impunidad, es decir que la gente vea una respuesta del Ministerio Público, del Organismo Judicial, y el conjunto del sistema de justicia, y que le genere confianza.

Esos creo que son los principales obstáculos; hay que fortalecer igualmente el sistema de protección de testigos que tiene relación con el temor que les mencionaba.

LH: ¿Cuáles son los grupos fácticos de poder que obstaculizan la investigación en contra de las fuerzas paralelas?

IV: Naturalmente no podemos referirnos ahora a temas específicos, pero si se ha avanzado realmente en ese sentido y esa dirección, que además tendría que ver adicionalmente con posibles redes que operan alrededor del sistema de justicia en la posibilidad de propiciar impunidad. Es decir, un tema son las estructuras criminales actuantes y otros son los mecanismos de protección de criminal para esos grupos.

LH: ¿Se han evidenciado nexos del crimen organizado y partidos políticos?

IV: No podría señalar del tema específico, pero lo que sí puedo decir sobre eso es que se ha venido avanzando en la investigación, y ya hay elementos importantes respecto de esos vínculos en los que se viene trabajando por buen camino.

LH: ¿Y tendrá tiempo para hacer una investigación completa sobre los partidos políticos antes de que termine el plazo de vigencia de la CICIG?

IV: Eso va a unido a otro propósito que se tiene en este período hasta septiembre del próximo año, y es que en el examen de la situación general del funcionamiento del sistema político, a partir de la investigación acerca del financiamiento ilícito, se haga un estudio para que sea presentado como un informe temático de la Comisión, que verifique cómo funciona este sistema en su conjunto, inclusive de la financiación lícita para llegar finalmente al tema del financiamiento ilícito.

Lo que hemos pretendido y vamos también organizándonos en ese sentido, es que especialmente a partir de dos investigaciones específicas, la que tiene que ver con el contrabando y la que tiene que ver con el financiamiento ilícito, podamos además construir unos informes que den cuenta de cuál es la situación general en esos dos ámbitos inclusive para posiblemente formular recomendaciones, que es otro de los elementos del mandato.

LH: ¿Cuál es la situación de Guatemala frente al crimen organizado?

IV: Yo creo que hay una presencia indudable si hacemos referencia a temas de narcotráfico. La semana pasada en Colombia detienen el traslado de una tonelada de cocaína que venía para Puerto Quetzal. Esto demuestra que si se iba a traer la cocaína hay una estructura aquí que la va a recibir, la va a distribuir y trasladar a otro cartel, pero que hay además en algunas regiones del país por lo que hemos venido avanzando en las investigaciones, que muestran que estructuras vinculadas especialmente al narcotráfico están realmente actuantes en algunas regiones, sobre todo en los departamentos de frontera.

LH: Fuentes de gobierno afirmaron que el grupo criminal de Los Zetas estaba totalmente desarticulado del país. ¿Cómo pueden llegarse a conocer estas estructuras para hacer una afirmación de ese nivel?

IV: Si me preguntaran sobre eso no tendría elementos para decir si está o no desarticulada, y estar desarticulada significa la estructura de Los Zetas, o toda la estructura vinculada a esa organización, que es también lo otro que se ha dado en el país, de cómo grupos mafiosos  están vinculados a otras estructuras internacionales; suprimidas las internacionales no sabemos si las nacionales están desarticuladas.

LH: ¿Cuál es el nivel de penetración que tiene el crimen organizado en el sistema de justicia de Guatemala?

IV: No tendría elementos para decir cuál sería el nivel. Hay algunas manifestaciones que se desprenden especialmente de sospechas, respecto de algunas decisiones judiciales que mostrarían que podría existir alguna incidencia, pero, para poder hablar con claridad de eso tendría que ser producto de una investigación.

LH: ¿Cree que Guatemala es un Estado fallido o que tiene las características de un Estado fallido?

IV: No. Yo creo que en general hay unos problemas en los que muchos sectores de la sociedad están pretendiendo incidir para su remedio, que ha habido avances en muchos aspectos, también que por ejemplo la actividad cumplida hasta ahora por el Ministerio Público ha sido en general, con tantas dificultades anteriores, pero si se tratara de hacer un balance actual, en general ha sido de progreso, de avance.

Se tienen unos instrumentos adicionales ahora, que desde la perspectiva de la investigación criminal, han producido mayores resultados en la lucha contra la delincuencia; hay otros factores que requieren por lo menos mucha reflexión de algunos sectores que deberían pensar más en el bien del país que en intereses particulares transitorios, pero ese ya es un tema político que resulta complicado abordar en una entrevista.

LH: ¿Cuál es la posición de la CICIG en los procesos de postulación?
IV: Cumplimos un papel en el anterior proceso con el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la presentación, sin ninguna valoración, de unos elementos que finalmente en la conclusión al elaborar la lista de los 40 aspirantes, la Comisión de Postulación podría decirse que con el auxilio de esa información, ninguna de las personas que tenían las graves observaciones en ese informe muy objetivo que se presentó solamente de datos, pasó.

La situación ahora tiene ciertos elementos diferenciales. Uno es que se trata de la selección de Fiscal General, que resulta ser para la CICIG un tema muy importante en cuanto a la capacidad, la honradez, la decisión de ese Fiscal General en enfrentar la impunidad, en combatir la delincuencia. Eso es lo que permitirá que la CICIG pueda continuar trabajando muy vinculado con el Ministerio Público en ese mismo propósito.

Que si por el contrario es un jefe del Ministerio Público complaciente o que no tenga un verdadero compromiso ni valor en enfrentar la delincuencia, para la CICIG resultaría también difícil realizar su actividad. Esa especial situación hace que nos hayamos ocupado de mirar con cierto detenimiento los planes de trabajo que cada uno de los aspirantes presentó.

La Comisión de Postulación debería hacer pronunciamientos claros. Esperamos que para su próxima reunión del primero de abril haga manifestaciones muy contundentes en ese sentido, que además pueda reflejar la transparencia que se requiere en procesos de esta naturaleza.

Que no dé lugar a malos entendidos. Ser muy claros en todas las situaciones relacionadas con este proceso de escogencia de candidatos para Fiscalía General, que haya una discusión amplia, abierta de los comisionados que sea de cara a la sociedad, que inclusive en la evaluación de los expedientes, y dado a que son tan pocos los candidatos no se haga la verificación reservada, individual o por repartos, sino que pueda someterse a la opinión pública uno por uno, para la revisión frente a la sociedad de las hojas de vida, de los merecimientos o desmerecimiento que los aspirantes tengan.

LH: ¿Cuál es su opinión acerca del manejo del tema de la honorabilidad en las Comisiones de Postulación?

IV: Creo también que de cara a la sociedad se debe examinar el tema de la reconocida honorabilidad y además de los méritos en todo sentido.

Que no significa ni la reconocida honorabilidad, ni en cuanto a métodos que se supongan porque no tienen una sentencia condenatoria en cuanto a la honorabilidad, o una sentencia que declare una responsabilidad disciplinaria, o porque tenga doctorados o 50 especializaciones para determinar la idoneidad, porque la idoneidad no es algo que se adquiere automáticamente por un título o por la demostración de sus actividades, durante su vida.

Los méritos tienen que valorarse precisamente, frente  a lo que la persona ha asumido en su actividad profesional, ordinaria, cotidiana, de todo el tiempo que se le conozca.

Lo mismo en el tema de la reconocida honorabilidad. Yo he insistido en que la honorabilidad para estos efectos no puede establecerse como una presunción, y aunque es verdad que la inocencia se presume, cuando la Constitución de Guatemala dice que se requiere la reconocida honorabilidad, significa que sea una honorabilidad precisamente reconocida, no presumida.

La honorabilidad es reconocida cuando por los actos que ha desarrollado esa persona durante su vida, hay una aceptación pública más o menos generalizada,  que la persona está dentro de los parámetros sociales de la honorabilidad.

Esa es una de las observaciones que se le dio a la Comisión de Postulación anterior cuando en el tema de la reconocida honorabilidad, asumió la presunción. Lo que hay que mirar en concreto es lo que la Constitución establece, méritos de idoneidad, capacidad y honorabilidad.

LH: Se ha evidenciado que las distintas Comisiones de Postulación no han establecido un criterio homogéneo para examinar y calificar la reconocida honorabilidad. ¿Cuál es entonces el método para evaluar este aspecto?

IV: Yo creo que fundamentalmente lo que tendría que examinarse es cuál ha sido la actuación pública de cada uno de estos candidatos y en esta valoración es donde se podría determinar si existe ese reconocimiento de honorabilidad o no.

Esto naturalmente supondría que algunas personas de las que se sabe muy poco o no se sabe nada no podrían estar en la contienda, pero yo creo que válidamente el cargo de Fiscal General no es para ensayar un cargo público, el cargo es de tanta importancia, de tanta necesidad de acertar en quién debe ser el titular del Ministerio Público, que precisamente por eso insisto en que tiene que existir un mérito por su trayectoria de vida que conduzca a tener una persona apta para cumplir esa función.

Eso mismo se predica de la honorabilidad. Ya lo ha planteado la Corte de Constitucionalidad en el 2010 en un proceso similar, cuando dijo que la reconocida honorabilidad era un tema que debía ser discutido, examinado y analizado realmente y no de manera formal por la Comisión, y dijo entonces que los antecedentes eran uno de los elementos que permitían revisar la reconocida honorabilidad.

LH. ¿Es decir que la ausencia de denuncias o tachas no hace a alguien honorable como también la existencia de las mismas no lo hacen no honorable?

IV: Exactamente. Yo creo que ese es solo un criterio, que precisamente tuvo en cuenta la CICIG en la ocasión anterior para presentar una información respecto de denuncias de los aspirantes, sin indicar que con la existencia de una denuncia la persona tenía una tacha, porque es que también que a los funcionarios públicos que realizan con todo compromiso su trabajo son decenas de denuncias que les presentan por el cumplimiento adecuado de su función.

Ese es apenas un elemento para que se haga la valoración, pero no puede ser ni el único ni el definitivo, ni si quiera el más importante.

LH: ¿Qué pasaría si resulta electo un fiscal que dijo que apoyaba a la CICIG, pero que al final obstaculiza su trabajo?

IV: Si hay una obstaculización a la actividad de la CICIG lo primero que corresponde es denunciar esos obstáculos, y yo creo que estaríamos en la obligación con el país y además con los que han permitido que la Comisión funcione, hacer la manifestación expresa que no estamos en condiciones adecuadas para cumplir el mandato.

Que eso conduzca a la eventual remoción de ese Fiscal o a la no continuidad de la CICIG son circunstancias imposibles de prever en este momento, porque es de acuerdo con lo que se vaya presentando con el desarrollo de los acontecimientos como se puede ir valorando y tomando además decisiones.

Lo que sí es algo muy claro ahora es que no vamos a servir de pretexto para encubrir ni la corrupción ni la impunidad. Que sí alguien que llegue al Ministerio Público tiene las banderas de la corrupción y la impunidad nosotros vamos a expresarlo.

LH: ¿Cuál es su opinión respecto a que el expresidente Alfonso Portillo se declarara culpable de aceptar sobornos de Taiwán?

Es un aspecto realmente importante para el país en varios sentidos. Creo que el reconocimiento de culpabilidad por un tema de corrupción que es lo que finalmente significa el hecho por el que finalmente va a ser condenado –Portillo–, debe llamar a la reflexión y no solo a la sociedad sino también del Estado en su conjunto, porque tiene que andar algo mal que permitió que el presidente Portillo hubiera realizado acciones de esta naturaleza.

Creo que podría significar adicionalmente un mensaje a todos los que estén en alguna vinculación con la corrupción acerca de lo que podría ser su suerte futura.

Nos tiene que llevar a reflexionar sobre el tema de corrupción que con tanta frecuencia se escucha, y que a través de los medios de comunicación debería ser un motivo de preocupación para todo el país.

LH: ¿Tendríamos que revisar más quiénes estuvieron involucrados en aceptar sobornos de Taiwán?

Esa podría ser una situación, pero a lo que me refiero es a algo mucho más amplio que ese tema, y es que tantas quejas de corrupción que se escuchan desde diferentes sectores, deberían merecer la atención de si se trata de infundios que pretenden tener un rendimiento político o si se trata de hechos verdaderos.

Es decir, lo que creo es que teniendo el reconocimiento de culpabilidad como un hecho simbólico, debería mover al país sobre una reflexión profunda sobre la corrupción y la necesidad de combatirla.

LH: ¿Considera que Guatemala ha logrado crear las condiciones para que exista una independencia judicial, que se cuenta con mejores investigadores y todo lo que el sistema de justicia necesita para luchar contra la impunidad?

Creo que falta todavía camino para eso. Por ejemplo en el tema de la carrera judicial establecida solo para los jueces de primera instancia y los temporales, no es una garantía precisamente de independencia.

Para asegurar la independencia judicial tendría que empezarse por construir una verdadera carrera judicial que garantice la estabilidad de los jueces, por lo menos hasta el nivel anterior a la Corte Suprema de Justicia, para que de esa manera un juez no dependa de los favores que pueda o no otorgar, que pueda sustraerse a todas las injerencias políticas o presiones que se puedan ejercer respecto de él dentro y fuera del mismo sistema judicial, pero que no puede establecerse solo una carrera judicial en estas condiciones, sino que es también necesario fortalecer la vigilancia interna de los servidores de justicia.

Esto para que de un lado se permitan evaluaciones muy objetivas, serias, periódicas, pero que de otro lado provea un funcionamiento adecuado de mecanismos disciplinarios que puedan garantizar que quienes permanecen en la función judicial sean personas correctas, honestas y con un rendimiento suficiente de acuerdo a las circunstancias en cada cargo.

El mecanismo de las Comisiones de Postulación debe ser revisado a partir de la finalización de esta experiencia, poder hacer una evaluación real de lo que tanto se ha afirmado en diversos sectores, porque todo el mundo menciona que ahora la búsqueda de crear facultades de derecho tiene la pretensión de crear un espacio de participación en la Comisión.

¿Estamos en camino correcto o estamos correctos o estamos permitiendo que se incida maliciosa y perniciosamente un sistema de escogencia de altos funcionarios del Estado?

LH ¿Está preparada Guatemala para continuar la lucha contra la impunidad sin la CICIG?

IV: La CICIG no será necesaria cuando exista un verdadero fortalecimiento institucional; ¿Cuándo debería salir la CICIG? Cuando las instituciones nacionales sean fuertes, y eso es lo que se ha pretendido que sea el mandato de la Comisión. No solo desarticular estructuras criminales que significa enfrentar realmente la impunidad, pero desde otro punto de vista que es la contribución al fortalecimiento institucional,  al Estado de Derecho, dos ejes del mandato de la CICIG, que si los hacemos confluir se vería por qué razón se pidió la presencia de la entidad en el país, porque en todo caso fue una petición nacional, y eso es algo en lo que siempre debería existir claridad. Esto no es una iniciativa de Naciones Unidas.

Hay dos supuestos: unas instituciones débiles y una impunidad alta y grave y que afecta a la mayoría de las instituciones del país. La pregunta es: ¿Existen actualmente unas instituciones tan fortalecidas que no se requiere la presencia de la CICIG? Cuando la respuesta a esa pregunta sea afirmativa, entonces la CICIG deberá concluir porque no es necesaria.

Ahora es: ¿En qué medida existe un fortalecimiento institucional real, cuando a lo largo de una hora que hemos hablado dependemos de una persona que llegue a la jefatura del Ministerio Público para que aquí se tenga más o menos confianza en el funcionamiento de la Fiscalía, y la lucha por la justicia y contra la impunidad.