Hace seis años la CICIG empezó el camino que finaliza el próximo año, apoyando a las instituciones que conforman el sector justicia y transfiriendo sus capacidades a estas.

Sin embargo, las metas se han visto obstaculizadas con los cambios de mando de la institución, y la poca voluntad política del Estado.

El 8 de enero del 2008 la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezó a funcionar con el objetivo de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como cualquier otra conducta delictiva conexa con estos que operan en el país.

Desde entonces tres funcionarios extranjeros han dirigido la Comisión, se resolvieron varios casos de alto impacto, y aún se transfieren capacidades para fortalecer instituciones de justicia, al tiempo que se realizan investigaciones junto al Ministerio Público, pero no faltan las críticas y señalamientos para la institución y los comisionados.

Para Ramón Cadena, representante de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, el trabajo de la CICIG ha presentado cambios durante el período en el que ha estado en el país, sobre todo en el relevo de los jefes, ya que cada uno trajo consigo una forma diferente de trabajar. “Ese es uno de los problemas que ha  enfrentado la CICIG para cumplir con todos sus objetivos”, comenta Cadena.

El primero, encargado de la entidad, fue Carlos Castresana. Un abogado español, magistrado, juez de distrito, fiscal y catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho en una Universidad de Madrid.

Castresana renunció el 7 de junio del 2010, pero antes denunció una campaña de desprestigio en su contra, derivada de los polémicos casos que resolvió y que afectaron a grupos de poder económico.

“Su mandato estuvo lleno de declaraciones desafortunadas sobre distintos temas políticos, lo cual desgastó su labor”, dice Estefany Rodríguez, coordinadora de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales (IECCP).

Francisco Dall’Anese fue el siguiente al mando de la CICIG; lo respaldaba su experiencia como Fiscal General de Costa Rica y la fama que le dio procesar a dos expresidentes de su país por corrupción: Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.

En 2013, Dall’Anesse renunció por motivos familiares y personales. No obstante, durante su gestión hubo varios señalamientos por su escasa presencia y el apoyo que dio al juicio por genocidio contra el exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt.

Fue así como el exmagistrado colombiano Iván Velásquez llegó a la Comisión, con el antecedente de ser Coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo en su país, en el que sobresalió por indagar la vinculación de funcionarios con paramilitares.

Cadena opina que Velásquez, actual titular de la CICIG, se enfrenta a un periodo muy difícil. Esto, según él, por la partida de Dall’Anese “a quien sacaron del país por el comunicado en la prensa –sobre el caso Ríos Montt– contra algunos sectores que gobiernan Guatemala”, añade.

“Velásquez tomó una institución ya debilitada”, puntualiza el jurista.

Sumado a esto, dice Cadena, los cambios de gobierno y su forma de enfocar el trabajo de la CICIG afectaron el despeño de la entidad.

De este punto, Diego Álvarez, vocero de la CICIG, manifestó que la relación con la actual Fiscal General, Thelma Aldana, continúa siendo igual a la que se mantenía con la anterior Jefa del MP. “Esta no ha cambiado, se sigue trabajando en conjunto”, agrega.

TRANFERIR CAPACIDADES

Sobre la transferencia de capacidades, Álvarez explica que esta se ha dado a través de la práctica, en las investigaciones que las instituciones guatemaltecas y la CICIG trabajan en conjunto.

La Fiscalía contra la Impunidad de la CICIG, integrada por fiscales guatemaltecos, ha colaborado en la capacitación sobre análisis de pruebas y en el ámbito de litigio.

“Las discusiones en doble vía, entre el MP y la CICIG permiten que haya una trasferencia de capacidades”, expone Álvarez.

De acuerdo a Cadena, la impunidad en Guatemala continúa altísima, considera que el tiempo que le queda a la CICIG es insuficiente para transferir todas sus capacidades a las instituciones estatales, sobre todo al MP.

Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que la trasferencia de capacidades es el tema menos difundido por la CICIG. “La idea no era solo investigar, sino que dejar capacidades de investigación en el MP”, apunta.

“Esta fase debió empezar desde que inició el funcionamiento de la CICIG, tenía que ir marchando al mismo tiempo que los demás procesos, expresa Alarcón.

Por su lado, Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia (Sedem), cree que de parte de las instituciones guatemaltecas ha faltado un mayor empeño para masificar la transferencia de experiencias que han tenido con la Comisión.

Hernández teme que con el tiempo no se consoliden las capacitaciones y experiencias que se han tenido de la CICIG.

“Si yo tuviera que medir la transferencia de las capacidades, de uno a diez, le daría un cinco, debido a que hubo formación en un grupo, pero no necesariamente garantiza que los conocimientos entregados se mantengan”, acota la encargada de Sedem.

LOGROS

Cadena opina que en el mandato de Castresana, la CICIG tuvo una posición firme respecto a las Comisiones de Postulación, porque tenía claro que a través de estas se manejaban determinadas estructuras y tráfico de influencias en el sistema de justicia,

Ejemplo de ello, para Cadena, es que en las elecciones del Fiscal General y Jefe del MP del 2010, se rechazó la primera elección y cuestionó la idoneidad de la persona electa, por lo que el proceso se reinició.

Pese a esto, el jurista piensa que el actual comisionado no se ha involucrado tanto en las postuladoras. Cadena percibe que Velásquez está enfocado en el concepto de asistencia de parte de las Naciones Unidas, criterio con el cual quiere fortalecer a las instituciones, especialmente al MP.

Alarcón, de Asies, refiere que la CICIG vino a ser un contrapeso dentro del mismo Estado y cree que fue positivo también garantizar que no se continuara en esa carrera descendente de malas prácticas e impunidad que se mantenía en los últimos años.

“Ha cumplido un rol fundamentalmente para garantizar la justicia”, señala la experta del IECCP.

LA DEUDA

Cadena y Hernández consideran que la CICIG quedará debiendo trabajo en materia de derechos humanos, los cuales fueron el motivo principal para que surgiera la entidad.

Cadena indica que la CICIG debería estar en los casos específicos donde se están afectando a los defensores de derechos humanos, como es el caso en contra de dos extranjeros, que trabajan en pro de los derechos humanos, a quienes la dirección de migración los está expulsando.

“La CICIG debería estar involucrada en este caso, porque nuevamente son estructuras paramilitares que se están reactivando, y que demuestran con los hechos atentados contra los defensores de derechos humanos”, razona.

Hernández, por su lado, resalta que la CICIG ha evidenciado estructuras de corrupción, de tráfico de influencias, además ha logrado que se hable de jueces y magistrados que utilizan su poder para traficar influencias.

Sin embargo, dice el objetivo no se ha logrado, ya que según explica, es desmantelamiento de los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos de seguridad, aunque no deja de reconocer la sentencia internacional contra el exjefe de la Policía, Erwin Sperisen.

Sobre esto, el acuerdo que creó a la CICIG dice: “Considerando que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad…”.

Los analistas consultados creen que la Comisión aún tiene tiempo para cumplir con sus planes de trabajo, pero dudan que las instituciones guatemaltecas de seguridad adquieran sus capacidades permanentemente.