El 98% de los delitos en Guatemala quedan impunes, denunció este martes la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el primer informe que realiza sobre su actividad en el país.
A esta conclusión llega la Cicig tras evaluar el funcionamiento de la Policía, el Ministerio Público y el sistema judicial en Guatemala.
Este organismo internacional dependiente de Naciones Unidas investiga actualmente 15 casos de alto impacto, entre las 64 denuncias recibidas durante el primer año de operaciones de dicho ente, dirigido por el jurista español Carlos Castresana.
Entre dichos casos se encuentra una matanza entre narcotraficantes, ocurrida en marzo pasado, así como el asesinato de cuatro diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, ocurrido en febrero de 2007, y que conmocionó a las sociedades de ambos países.
En este primer año, la Cicig también ha investigado delitos de feminicidio, asesinato de choferes de transporte interurbano, trata de personas, así como ataques y asesinatos de sindicalistas y activistas de derechos humanos.
Castresana dijo que cuando se habla de corrupción todo el mundo piensa inmediatemente en la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público o fiscalía, pero asguró que el 93,1% de los casos que lleva el Organismo Judicial (OJ) no avanzan.
«Los corruptores, en buena medida, son los abogados», dijo.
Además, el informe destaca que entre 2000 y 2007 ingresaron 4.215 denuncias contra jueces y magistrados, de las cuales sólo se resolvieron 28 recomendaciones de destitución.
Castresana también aprovechó la oportunidad para solicitar al Congreso la aprobación de la ley de Armas y Municiones, cuya redacción final todavía está pendiente en el Parlamento, y que limitará el uso de armas, en un país donde la tenencia y portación de armas son prácticamente libres y generalizadas.
Según fuentes oficiales, más de 50 millones de balas se emplean anualmente en el país, el doble de las utilizadas durante la guerra interna que vivió Guatemala durante 36 años (1960-1996).
El jurista español también solicitó al Legislativo la aprobación de reformas a las leyes de Amparo y Antejuicio, para evitar que los profesionales del derecho abusen de estos instrumentos legales, para retrasar o impedir sentencias contra los presuntos responsables de diferentes delitos.
De la aprobación de estas reformas dependerá el éxito de la Cicig y la agilización del sistema judicial, como elementos para «acabar con la impunidad» en Guatemala, dijo Castresana.