Sandino Asturias Valenzuela
Centro de Estudios de Guatemala (CEG)
Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad en Centroamérica (CEESC)
A pesar de los ataques a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por aquellos que sin argumentos y con muchos años en cargos públicos, sin contribuir a resolver la problemática nacional, la CICIG se ha instalado y a ocho meses de funcionamiento ya se vislumbran avances, que, como todo proceso, no pueden concretarse de la noche a la mañana, especialmente cuando se trata de establecer una institucionalidad suficientemente fuerte, para enfrentar los poderes ilegales -no ocultos- que tienen al Estado guatemalteco en una situación de indefensión e impunidad.
Conforme su mandato, la CICIG tiene entre sus funciones determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, colaborar con el Estado en su desarticulación, promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos, así como recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para su erradicación. Tiene facultad de ejercer la acción penal y/o disciplinaria ante las autoridades correspondientes contra aquellos servidores públicos que obstaculizan el ejercicio de las funciones de la Comisión. La CICIG se puede constituir en querellante adhesivo, pero el proceso y la resolución de los casos es responsabilidad del Estado guatemalteco.
Al iniciar su informe, Castresana fue enfático en aclarar que la CICIG no sustituye en ninguna forma a las instituciones públicas en sus funciones y que hay tres verbos que definen claramente sus funciones: apoyar, acompañar y coadyuvar.
El Comisionado informó que en el desarrollo de las funciones de la Comisión, han encontrado funcionarios públicos que colaboran decididamente, otros que muestran desinterés y otros que abiertamente han obstaculizado su labor. La CICIG ha contribuido en la depuración de los funcionarios que entorpecen las funciones de las instituciones.
No sólo el Ministerio Público tiene un alto porcentaje de casos de delitos contra la vida sin resolver (98%) sino que el Organismo Judicial, tiene un porcentaje del 95% de casos sin sentencia. Denunció las precarias condiciones de trabajo de los operadores de justicia en el interior del país, que sin incentivos ni apoyos institucionales, permanecen sometidos a innumerables amenazas a su integridad física y la de sus familias.
Un avance importante de la Comisión, es la coordinación con el Ministerio Público para fortalecer la capacidad de investigación criminal, creando la Unidad de Fiscalía Especial en el MP, así como la asignación de un equipo de treinta investigadores de la PNC, enviados por el Ministro de Gobernación para trabajar con la CICIG. Muy importante es que la Comisión ha facilitado la cooperación y coordinación entre estas dos instituciones, que generalmente no trabajan en conjunto, con el fin de obtener resultados eficientes y eficaces en el combate a la impunidad.
La CICIG ha recibido 64 denuncias. En coordinación con el Ministerio Publico, investiga 15 casos individuales de alto impacto. Entre los casos se cuentan feminicidio, asesinato de conductores de buses y de sus pasajeros, ataques y asesinatos de sindicalistas y activistas de derechos humanos. Otras denuncias han sido descartadas por estar fuera del mandato de la Comisión.
Se ha constituido como querellante adhesivo en dos casos de alto impacto: la masacre de Zacapa en marzo de este año y el caso de un oficial y tres agentes de la PNC que se dedicaban a extorsionar. Además se trabaja un programa específico para la protección de testigos, clave para la resolución de los casos de alto impacto.
La CICIG ha analizado y consultado con organizaciones de la sociedad civil así como instituciones especializadas en temas de seguridad y justicia, para proponer al Congreso de la República reformas a la Ley de Armas que está en discusión en el Congreso de la República desde hace 11 años; la Ley de Amparo, recurso constitucional manipulado abiertamente para proteger delincuentes, ha propuesto a la Corte Suprema de Justicia reformas a la Ley de Antejuicio utilizada indecentemente por funcionarios públicos para cubrir actos de corrupción, reformas al Código Procesal Penal y Ley Contra la Delincuencia Organizada entre otras.
En Guatemala mueren diariamente 16 personas violentamente, 2 de las cuales son mujeres, lo que representa la tasa más alta en América Latina; más del 82% de estas muertes, se produjeron con armas de fuego, somos un país pistolizado, donde se venden 50 millones de municiones al año. Funcionarios de las instituciones de seguridad se han visto involucrados con el crimen organizado y el narcotráfico, otros funcionarios públicos saquean las arcas del Estado en detrimento de miles de guatemaltecos que viven en extrema pobreza.
Bien dijo la Embajadora de Suecia en la presentación del Informe: la CICIG es una oportunidad para Guatemala. Así es y esto no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con la oportunidad de tener un Estado de Derecho, una oportunidad que no tenemos derecho a desperdiciar. Está en juego el futuro de Guatemala, hay que apoyar a la CICIG y dejar que CICIG nos apoye.