Además de la investigación de casos de alto impacto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señala que uno de los logros en su primer año de funcionamiento, es el trabajo realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
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El informe presentado ayer en la Cancillería, sobre el primer año de operaciones de la CICIG en Guatemala, se publicaron los más importantes logros y los retos pendientes de la entidad internacional, a cargo de Carlos Castresana.
Desde su fundación oficial, en septiembre del año pasado, se advirtió que dentro de las funciones de la institución se encuentra la de «determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y colaborar con el Estado para su desarticulación promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes».
En ese aspecto, la CICIG ha recibido 64 denuncias desde su instalación, de las cuales se ha dado seguimiento a 15 casos individuales de alto impacto, que se encuentran en investigación.
Coordinación
Además de la investigación de casos concretos, resalta el trabajo en coordinación que ha realizado en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil.
El informe revela que en el segundo semestre de operación se consiguió establecer la cooperación funcional y establecer un trabajo conjunto con la PNC, mientras que en el tercer semestre registró notables avances en la investigación de algunos paradigmáticos de forma conjunta con el MP.
Al respecto Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, señaló que la cooperación interinstitucional debe fortalecerse en la investigación para obtener resultados positivos, sin embargo señala que aún existen grandes retos para las instituciones de seguridad e investigación. «Para luchar contra la impunidad necesitamos armas muy poderosas».
Sin seguridad
Castresana señaló que la seguridad de los operadores de justicia es aún un deber incumplido del Estado de Guatemala. «Debería asegurar que todos los operadores de justicia que se empeñan constantemente en aplicar una justicia justa puedan operar libremente, y no bajo un clima de amenazas, presiones o, inclusive, asesinatos».
El vicepresidente Rafael Espada y el Canciller Haroldo Rodas reconocieron la importancia de las funciones de la CICIG en el país, y aseguraron su apoyo para el próximo periodo de trabajo, que culmina en septiembre de 2009.