La CICIG denunció a la jueza Leticia Valenzuela ante el MP por haber dictado resolución en la cual expulsa a este organismo del caso del ex presidente Alfonso Portillo.

Con esta denuncia, se le solicita al Ministerio Público (MP) que remita la misma a la Corte Suprema de Justicia para dar inicio al procedimiento de antejuicio en contra de la citada jueza, en el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pretende constituirse como querellante en el momento oportuno.

Esta denuncia se basa en que la funcionaria pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en razón a que la jueza emitió un auto carente de fundamento y no aplica como es su obligación la normativa procesal vigente.

«La resolución judicial es manifiestamente injusta, ya que la juez deliberadamente excluye a la CICIG sin argumento, sin motivación, sin darle la oportunidad de esgrimir sus argumentos en la audiencia preliminar, ni proponer prueba incriminatoria contra el sindicado con la sola afirmación de una lí­nea acerca de que la figura de aparatos ilegales no concurren en el caso», explica un comunicado proporcionado por el organismo internacional.

De acuerdo con el análisis que hace la CICIG de la resolución de la jueza, ésta se extralimita en sus funciones porque prejuzga acerca de que si en los hechos concurren o no los elementos que definen a los grupos clandestinos o ilegales de seguridad, cuestión que es objeto de establecerse en juicio.

El organismo internacional supone que de la investigación realizada contra Alfonso Portillo se desprenden fuertes indicios que el peculado que se le imputa lo cometió con ocasión de la actividad de uno de esos grupos criminales.

«Pareciera que en su resolución, la jueza Valenzuela sigue los lineamientos del sindicado y denota una parcialidad sospechosa», explica la citada fuente.

Según la CICIG, su mandato es claro: «Coadyuvar al Estado en la persecución, sanción y desmantelamiento de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad».

REACCIONES

La jueza Valenzuela, al ser consultada por esta denuncia ante el MP, se limitó a decir que no podí­a dar declaraciones por las presiones del trabajo; luego de una larga espera de los medios de comunicación, se encargó de que la puerta de la audiencia quedara cerrada para evitar emitir razón.

Recientemente, el ex presidente Portillo se habí­a mostrado satisfecho por la resolución de la jueza, e indicó que «la CICIG no tení­a absolutamente nada que ver en mi caso», cuando se presentó a la Torre de Tribunales a firmar el libro de asistencia, el cual está obligado a firmar a principios de mes. Asimismo, el ex mandatario argumentó que el MP ha tenido cinco años para aportar las pruebas necesarias y no lo ha hecho.