La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó a través de un pronunciamiento por escrito, una propuesta para la Comisión de Postulación para Fiscal General, para que se logre la elección de candidatos con idoneidad para este puesto.

La Comisión de Postulación se encuentra en medio del perí­odo de sus sesiones de trabajo, para elegir a seis candidatos, quienes serán propuestos para dirigir el Ministerio Público, elección que queda en manos del Presidente de la República.

La CICIG, basándose en una parte de su mandato («proporcionar asistencia técnica a las instituciones del sector justicia, a fin de dejar al Ministerio Público y la Policí­a Nacional Civil en mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada»), presentó el documento, con el objetivo de que la elección de los seis postulados sea lo mejor.

«La elección de un Fiscal General implica optar por una polí­tica de persecución penal. Con el fin de cumplir con el objetivo de fortalecer institucionalmente al Ministerio Público (MP), el proceso de selección deberá garantizar que el o la Fiscal General elegido/a impulse una polí­tica de persecución penal», refiere el documento proporcionado por la Comisión Internacional.

Este documento ya habí­a sido presentado a los miembros de la Comisión de Postulación para el MP, por parte de Carlos Castresana, titular de la CICIG.

En resumen, la CICIG propone que el próximo Fiscal General sea un abogado penalista con amplia experiencia y trayectoria, con antecedentes en la gestión de instituciones judiciales o el desarrollo de polí­ticas de persecución criminal o litigio en casos complejos, ya que en esas áreas se enfocará su labor al frente del MP.

Asimismo, propone la comisión internacional que el desempeño profesional del próximo fiscal haya estado desligado de los poderes tradicionales, ya sea polí­tico y económico. Como parte de esta independencia de su accionar, también es imprescindible, a criterio de la CICIG, que el postulado no haya representado o asesorado a referentes del crimen organizado (narcotráfico, lavado de dinero, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones de derechos humanos, corrupción, abusos de poder, entre otros).

Además, es necesario que durante la carrera profesional haya promovido investigaciones criminales con diligencia, capacidad y pericia, así­ como haber demostrado un compromiso con la promoción de la defensa y protección de derechos humanos.

Y, por último, para completar este perfil ideal, que carezca de señalamientos en el ámbito penal, administrativo o ético, que revistan caracterí­sticas tales que fundadamente arrojen dudas acerca de su honorabilidad e idoneidad.

PARA EL PROCESO

El documento de la CICIG también resalta algunas recomendaciones para el proceso de postulación, tales como establecer un perfil claro del Fiscal General ideal, así­ como requerir los antecedentes de los candidatos. Asimismo, solicitar una declaración patrimonial de los candidatos, así­ como establecer entrevistas públicas con los aspirantes, y que los miembros de la comisión de postulación razonen su voto al momento de la elección, tomando en cuenta los aspectos propuestos por la CICIG.

REACCIONES

Carmen Aí­da Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, coincidió con la propuesta presentada por la CICIG, en vista de que las exigencias de la postuladora para los aspirantes estaban «un poco flojas».

«Es necesario hacer una revisión de la lista de aspectos que aprobaron los miembros de la postuladora en la sesión de la semana pasada, para solicitar a los aspirantes a Fiscal», determinó Ibarra.

«(En la postuladora) estaban llevando a cabo un agenda un poco incierta, en el sentido de que no se conoce con anticipación cuales van a hacer los puntos de la agenda (de la postuladora) y por eso pedimos anticipadamente que se revise el tema del perfil. «Apoyamos los planteamientos de la CICIG y vamos a esperar la resolución la Comisión (…) Tienen que considerar las solicitudes que hay para que el perfil sea revisado» añadió.

Por su parte, Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, también coincidió con la CICIG en cuanto a las exigencias para el próximo jefe del Ministerio Público.

«La Comisión Postuladora debe ser muy exigente con respecto a los requisitos que debe llenar el candidato o candidata a fiscal». «Estoy de acuerdo con los puntos establecidos por la CICIG».

De acuerdo con Cadena, el próximo Fiscal General debe tomar en cuenta las necesidades de la Unidades de Supervisión Interna, la Polí­tica de Persecución Penal y la Unidad de Atención a Ví­ctimas del Ministerio Público.

Además, el jurista recomendó que la postuladora reconozca dentro del perfil de candidatos, su conocimiento sobre litigio y protección a derechos humanos, «ya que esto no se ha considerado en pasadas oportunidades», concluyó Cadena.

POLíTICA DE PERSECUCIí“N

Como parte del documento, la CICIG también define lo que establecen como una polí­tica de persecución penal, la cual estarí­a orientada a priorizar y perseguir las estructuras ilegales, y a esclarecer los delitos que causan alarma social, así­ como aquellos de criminalidad compleja.

La CICIG apunta a nueve puntos esenciales que deben estar como los objetivos de esa polí­tica de persecución penal. Los puntos son: corrupción pública, tráfico de armas y conductas relacionadas, delitos y violencia contra las mujeres, trata de personas, tráfico ilí­cito de migrantes, narcotráfico, lavado de activos, delitos contra la vida (en especial, asesinato de pilotos y ejecuciones extrajudiciales) y violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la comisión ofrece algunos aspectos de organización para incorporar en estas polí­ticas de persecución penal, como el fortalecimiento del modelo de especialización del MP, de acuerdo con los ejes prioritarios de persecución penal mencionados; también el reconocimiento y consolidación de la Unidad Especial de la Fiscalí­a Adscrita a la CICIG, aumentando su asignación presupuestaria.

También reconocen la necesidad de diseñar esquemas de seguridad para los funcionarios de acuerdo con los riesgos que originan las investigaciones. Además, el fortalecimiento de los Programas de Protección de Testigos y de Atención a la ví­ctima, prestar especial atención a los testigos y colaboradores eficaces en casos de alto riesgo, y en particular a los testigos y colaboradores eficaces propuestos por la CICIG.

En esa misma lí­nea, proponen el fortalecimiento de la Unidad de Métodos Especiales (UME) para el correcto desarrollo de los instrumentos de persecución del crimen organizado (escuchas telefónicas) y la implementación de los que todaví­a no funcionan (agente encubierto y entregas vigiladas).

Como otro punto, resaltan la necesidad de regular la carrera fiscal, que garantice estabilidad y formación de los fiscales mediante el ingreso; así­ como la depuración institucional de aquellos funcionarios relacionados con conductas delictivas o constitutivas de infracciones administrativas. También se resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de la disciplina de los trabajadores del MP.