La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezará a funcionar el viernes para combatir los grupos paralelos que operan y socavan el Estado de derecho.
El ministerio de Relaciones Exteriores dará el banderazo de salida de la CICIG, acordada entre el gobierno del presidente Oscar Berger y las Naciones Unidas en diciembre de 2006, lo cual causó beneplácito en organizaciones sociales y recelo en grupos conservadores de esta nación.
El designado por la ONU para dirigir la comisión, el destacado jurista español Carlos Castresana, calificó la iniciativa de «novedosa», pues buscará implementar las mejores prácticas en investigación criminal.
Con ello, según el experto, los guatemaltecos podrán disfrutar «del derecho a la vida, la libertad y la integridad física del que pocos gozan».
Sin embargo, consideró vital la cooperación de la comunidad internacional para el buen funcionamiento de la comisión, cuya vida será de dos años, aunque el Congreso podrá prorrogarla por un tiempo similar si los resultados no son los esperados.
No obstante, los detractores de la entidad consideran que el hecho de que extranjeros colaboren en temas judiciales guatemaltecos constituye una intromisión en asuntos internos y por ello han interpuesto recursos legales en contra de la misma.
Ante ello, Castresana aseguró recientemente que ha llegado a Guatemala «con la intención de ayudar, de colaborar, de tender la mano a Guatemala, en un problema que es grave y en el que los representantes de este país han pedido a la comunidad internacional ayuda».
«Esta es la ayuda que viene con humildad, no viene con la intención de pasar prepotentemente por encima de nadie, sino todo lo contrario, de ponerse al servicio de las instituciones, porque el objetivo a corto plazo es atender ese problema de impunidad, de ineficacia», puntualizó.
La CICIG cobró vida el pasado 1 de agosto cuando en Congreso ratificó el convenio firmado entre el organismo mundial y el gobierno de Guatemala en diciembre de 2006.
Entre las atribuciones de la CICIG se encuentra la investigación, en coordinación con la Fiscalía, de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos con influencia en el Estado, especialmente los relacionados con el crimen organizado.
Además podrá colaborar con el Estado en la desarticulación de los mismos promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes, y actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato.
Entre los primeros casos que podría conocer figuran el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer en febrero de 2007, así como el asesinato de cientos de mujeres y de medio centenar de activistas políticos durante el proceso electoral del año pasado.