En la elección de magistrados de Sala y Corte, directivos de defensa pública y Fiscal General, la CICIG está ofreciendo lecciones sobre cómo combatir la impunidad, al tiempo que sus propuestas abren el camino para una nueva definición de justicia y transparencia judicial en Guatemala.
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Además de la resolución de casos de alto impacto -que acaparan la atención mediática-, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ofrece un legado importante para la consolidación del sistema de justicia, como acompañante y vigilante de la transparencia en los procesos de elección de funcionarios públicos.
En esa línea, una de las sugerencias que deja la Comisión es que el próximo Fiscal General o el actual -de continuar en el cargo-, así como los administradores de justicia recién nombrados y los siguientes directivos del Instituto de la Defensa Pública Penal deben tener la voluntad para proponer el fortalecimiento de las instituciones que representan, a través de reformas estructurales que les permitan acabar con las prácticas que fomentan la impunidad.
Para lograr ese objetivo, es fundamental efectuar depuraciones en el Ministerio Público (MP) y varios analistas coinciden en que, de igual forma es necesaria en la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial, como ya lo propuso el comisionado de la CICIG, Carlos Castresana.
Pero todo el camino para una nueva definición de justicia y transparencia judicial en Guatemala inicia con la elección misma de los funcionarios, quienes luego se tendrán que encargar de las instituciones, y es por ello que la Comisión inicia su trabajo contra la impunidad en esa importante fase.
A PASO LENTO
Las organizaciones sociales, que junto con la CICIG, acompañan los procesos de modernización del sector justicia con una estrategia para vigilar y asesorar a los funcionarios públicos entienden que la entidad internacional podrá no permanecer en el país hasta acabar con la impunidad, por lo que las propuestas de esa instancia se tienen que aplicar ahora.
«Los guatemaltecos tienen que hacer propia la lucha contra la impunidad (…) reconociendo la labor que la CICIG ha hecho hasta ahora y considerando sus sugerencias», opinó Ramón Cadena, jurista reconocido en varios países y miembro del Consejo Internacional de Juristas (CIJ), quien advirtió que el problema de la corrupción en el sistema de justicia radica en la infiltración de grupos paralelos y cuerpos clandestinos de seguridad en el MP, en el Organismo Judicial (OJ) y en la Policía Nacional Civil (PNC).
Sobre la propuesta de iniciar el trabajo contra la impunidad: «El tema de la impunidad está estrechamente vinculado al tema de la purificación de las instituciones. No podemos llevar a cabo una lucha contra la impunidad si no hay una depuración», agregó el abogado, al tiempo que reconoció los esfuerzos de Castresana en ese sentido.
La CIJ le ha dado acompañamiento a varios procesos de elección en cargos de suma importancia en el sistema judicial de varios países latinoamericanos y su experto señaló que con la PNC se olvidaron de hacer un análisis serio.
En esa situación, critica que algunos piensen «que el olvido es necesario, porque los temas conflictivos levantarán más conflictos en la sociedad y por lo tanto los volvemos a contratar», refiriéndose a trabajadores anteriores del Estado que han sido corruptos.
POLíTICA INTEGRAL
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, afirma que en el país no se ha implementado una política integral de depuración en términos generales, con un mecanismo disciplinario, una evaluación del personal y que sólo existen en teoría y documentos.
Ibarra considera que aún faltan instrumentos para la depuración de las instituciones. «Se requiere que haya un entendimiento en las instituciones de justicia para que los operadores que en una institución han tenido mal desempeño o han estado favorecidos no sean aceptados» señaló.
Es por ello que además, la CICIG tiene propuestas concretas sobre cómo replantear las instituciones y un marco legal para combatir la impunidad.
La analista de Pro Justicia cuenta que en algunas ocasiones cuando la ineficiencia y corrupción de algunas personas es evidente son depurados de la institución, sin embargo suele suceder que se trasladan a otra institución del sistema de justicia y sobre todo sucede en el interior del país.
«Se requiere que haya una coordinación entre las instituciones del sistema de justicia para evitar contratar a las mismas personas», señaló Ibarra, quien cree que necesitamos implementar mejoras para lograr que la teoría se cumpla.
De esa forma, la elección de candidatos idóneos, la depuración y refundación de las instituciones de seguridad y justicia, y la independencia judicial, como los propone la CICIG, darían paso a un nuevo modelo para combatir la impunidad, en el que necesariamente tiene que involucrarse la población.
El proceso de elección del Fiscal General del Ministerio Público y miembros del Consejo de esa institución tiene al menos cuatro amparos interpuestos por la supuesta mala función y decisiones erróneas cometidas por los miembros de las comisiones de postulación.
Se trata de tres acciones presentadas por uno de los veintinueve abogados que aún continúan en la contienda, Luis Alfonso Carrillo Marroquín, que están en trámite, y uno interpuesto por el jurista aspirante Henry Monroy Andrino, quien fuera excluido en la primera fase de la revisión de expediente, específicamente en el cumplimientos de los requisitos legales y de la convocatoria.
Cabe señalar que pese a que este último fue otorgado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, luego de impugnar lo establecido por esta judicatura, a la Secretaría de la Comisión Postuladora le fue notificado el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), la que luego de conocer un recurso de apelación planteado, resolvió revocar dicha acción dictada por dicha judicatura.
En tanto que de los tres amparos presentados por Carrillo Marroquín, específicamente el que se ventila en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil y que pretende dejar sin efecto el perfil ideal para Fiscal General y Jefe del MP aprobado por la referida Comisión, aún se encuentra pendiente que se notifique el plazo para evacuar la segunda audiencia.
Mientras que el interpuesto ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, cuya reclamación pretende dejar sin efecto la tabla de gradación para calificar los expedientes presentados por los aspirantes aún en contienda, también se encuentra a la espera que sea notificado el plazo para evacuar la primera audiencia.
El último presentado de los cuatro menciona como acto reclamado que se deje sin efecto los señalamientos interpuestos en su contra, los cuales fueron firmados por el señor Fredy Hernández, únicamente fue notificado a la Comisión Postuladora, a fin de que presente un informe circunstanciado o antecedentes de mérito.
ENTREVISTAS
El período de entrevistas a candidatos ha comenzado y todos los candidatos tendrán la oportunidad de defenderse y proponer su posible plan de trabajo en caso quedaran electos, pero todavía no se han valorado los vetos presentados contra los aspirantes junto con las pruebas de descargo.
«Ojalá que en las audiencias públicas podamos enterarnos de cómo llevarán su trabajo», opinaron varios representantes que vigilan el proceso de elección para que sea más transparente. Marco Antonio Canteo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala afirmó que la comisión tiene la oportunidad para hacer un trabajo técnicamente intachable para lograr un buen resultado.