La posible aprobación de la ley de Desarrollo Rural despertó el rechazo del sector privado que anunció medidas legales para frenarla en caso sea aprobada, el argumento de los empresarios es que se promueve una reforma agraria.

Los consensos anunciados por el Ejecutivo y la bancada oficial para aprobar esta semana la ley de Desarrollo Rural se vieron empañados con la conferencia brindada por autoridades de la Cámara de Comercio y del Agro en la cual anunciaron medidas legales para frenar el  proyecto de ley en caso sea aprobado, argumentando que se violenta la constitución.

“Nos estamos encontrando con el artículo 10, disculpen, pero esto es una reforma agraria, nosotros no nos oponemos al desarrollo rural, pero estamos a favor de un desarrollo rural de acuerdo al siglo XXI no de acuerdo a 1950 y 1960. Las personas que están haciendo esto tendrán muy buenas intenciones, pero no tienen el conocimiento”, reclamó el vicepresidente de la Cámara del Agro, Ricardo Villanueva.

Por lo que no descartaron emprender la vía legal para frenar el proyecto en caso tenga luz verde del Congreso “Es un proyecto grave y que va a tener consecuencias, las personas no entienden nada de lo que está pasando en Guatemala, si es aprobado tendremos que seguir todos los procesos legales en las cortes del país para evitar que entre en vigencia”, anunció el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz.

Al concluir la intervención, los representantes de organizaciones campesinas aprovecharon para acercarse a los empresarios y plantearles la necesidad de aprobar el marco legal. El intercambio de posturas no convenció a ninguno de los dos.

“Las brechas de los ricos y pobres van a seguir, vamos a seguir polarizados, creo que vale la pena que ustedes mediten como sector empresarial, nosotros hemos cedido en varios temas, creo que esto no es justo”, le comentó el dirigente campesino Daniel Pascual a Ricardo Villanueva.

A lo que el empresario respondió que “esta ley está vulnerando los derechos individuales de las personas, lo que nosotros estamos pensando es que necesitamos una ley, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo Daniel, no podemos seguir con esta confrontación, ustedes se ponen en una posición radical”.

La conversación también la sostuvieron con el empresario Jorge Briz, sin embargo, ni una de las partes cedió a los planteamientos.

ONU PIDE LA LEY
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Alberto Brunori, acudió al Congreso ante la posible aprobación de la ley. Durante una conferencia manifestó la importancia de contar con este marco legal “pensamos que esta ley puede facilitar a que haya una menor conflictividad, podría haber un reordenamiento de la institucionalidad”. Minutos después, el Comisionado de Desarrollo Rural, Adrián Zapata también acudió al Congreso para confirmar el compromiso del Ejecutivo de apoyar el tema.

“Como Ejecutivo tenemos un absoluto respeto por la dinámica del Legislativo, pero en términos de nuestra opinión consideramos que esa ley debería de aprobarse de urgencia nacional el día de hoy o el día de mañana”.

Pese a todo el revuelo que causó el tema, los jefes de Bloque decidieron no incluirla en la agenda programada. El diputado por la URNG, Carlos Mejía, la sugirió pero no se apoyó. No obstante, se dejó abierta la puerta para incluirla a través de una moción privilegiada.

La ley de Desarrollo Rural lleva más de 10 años de discusión en el Congreso. En el 2008, la Comisión de Agricultura le dio dictamen, pero la férrea oposición del sector privado la sacó de discusión. Este año el tema volvió a cobrar fuerza al punto que la mayoría de bancadas anunciaron que apoyarán el tema.