Tras años de debates y controversias, China aprobó finalmente su primera ley sobre la propiedad privada, salvo para la tierra, que sigue siendo dominio del Estado.
La ley, adoptada por el Parlamento, apunta a proteger a la vez la propiedad colectiva, pública, y la propiedad privada, aunque según los medios de comunicación estatales sigue colocando el bien público en el corazón del sistema económico.
Presentada por primera vez en 2002 al comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento), después de años de preparación, pasó por siete lecturas antes de ser sometida a votación y aprobada al final por 2.299 votos a favor y 52 contra.
Por otro lado, el Parlamento chino adoptó asimismo una ley de armonización fiscal que acabará progresivamente con los privilegios fiscales de las empresas extranjeras respecto a las nacionales a partir del 1 de enero de 2008.
Esta ley, que prevé un impuesto único del 25%, fue adoptada por cerca del 98% de los delegados de la ANP.
La votación de la ley sobre la propiedad privada tuvo lugar tres años después de una votación histórica del Parlamento para inscribir su protección en la Constitución. Pero es la primera vez que la protección de los intereses privados al mismo título que los intereses públicos es grabado en el mármol de una ley.
El texto de 247 artículos, que debe entrar en vigor el 1 de octubre, estipula sobre todo que «la propiedad del Estado, colectiva, individual (…) está protegida por la ley y nadie puede infringirla».
Un sector del Partido Comunista en el poder se opuso al proyecto por considerar demasiado capitalista la consagración de los derechos individuales.
Otros opositores argumentaban que permitiría a algunos, sobre todo a funcionarios corruptos, proteger los bienes de los cuales se han apoderado.
Sus partidarios, sin embargo, destacaban la necesidad de clarificar los derechos de propiedad en un Estado que sigue siendo comunista aunque en la práctica las reformas económicas, lanzadas en 1978, acabaron desde hace mucho con la colectivización maoísta.
Según la agencia China Nueva, «el subdirector de la comisión de asuntos legislativos del comité permanente de la ANP, Wang Shengming, subrayó que la ley muestra el espíritu de la reforma y la apertura en China, protegiendo el orden de la economía de mercado socialista y otorgando igual protección a la propiedad privada y pública».
Durante los debates, altos responsables como Wang Zhaoguo, vicepresidente del comité permanente de la ANP, salieron a la palestra para explicar que la ley es «compatible con el sistema socialista».
Hoy, los analistas subrayaron que la ley era también inevitable e indispensable para el desarrollo del país.
«Es necesario que la propiedad legal esté bien protegida para que la gente tenga ganas de crear más riqueza y que China continúe su desarrollo económico», comentó Jiang Ping, ex presidente de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.
«Una ley sobre la propiedad privada es la marca de una sociedad civilizada. No podíamos abstenernos», estimó por su lado Yan Jinrong, profesor de la Universidad de Pekín.
Pero la ley no soluciona un problema crucial de la China moderna: la ausencia de los derechos de los campesinos sobre las tierras que explotan, que son propiedad de la colectividad, y de las cuales a veces son expoliados.
No obstante, para intentar protegerlos un poco más de las expropiaciones, la ley reafirma que los proyectos de construcción de las tierras arables están «estrictamente restringidos».
El primer ministro chino, Wen Jiabao, afirmó hoy que Pekín había respetado la autonomía de Hong Kong desde la retrocesión de la ex colonia británica a China hace diez años.
«Desde hace diez años, el gobierno central (…) no ha intervenido en los asuntos internos de la región administrativa especial de Hong Kong», declaró Wen durante una conferencia de prensa, al terminar la sesión plenaria anual del Parlamento chino.
«Actualmente, Hong Kong se encuentra en un período importante de desarrollo. Yo creo que con el respaldo de la Nación (china), Hong Kong enfrenta al mundo y ocupa un lugar excepcional de primera fila», sostuvo el jefe del gobierno chino, destacando el lugar «irremplazable» de la ex colonia británica como «centro financiero, aéreo y comercial».
El 1 de julio se cumplirán diez años de que la antigua colonia británica fue devuelta a China. Desde esa fecha, las acusaciones de injerencia de Pekín en los asuntos internos honkongueses son frecuentes.
En virtud de un acuerdo con Gran Bretaña, Hong Kong goza de una «amplia autonomía», se rige por el sistema capitalista y tiene sus propios poderes ejecutivo y legislativo. Pero en la realidad, las autoridades locales son controladas por el poder comunista de Pekín.
Ese sistema es atacado actualmente por la oposición demócrata hongkonguesa, cuando falta menos de una semana para el nombramiento, el 25 de marzo, del nuevo jefe del Ejecutivo de Hong Kong. Este último es elegido por un comité de 800 miembros que obedecen al poder comunista de Pekín.