Chile podría girar a la derecha por primera vez desde la dictadura de Augusto Pinochet en las elecciones de mañana, a las que el millonario empresario Sebastián Piñera llega con amplia ventaja frente a una coalición de centro izquierda dividida y desgastada tras 20 años en el poder.
Piñera, de 60 años, con una fortuna de unos 1 mil 200 millones de dólares e inversiones en la televisión, la banca, la aviación y el fútbol, es quien llega en mejor posición para convertirse en el sucesor de la carismática Michelle Bachelet, constitucionalmente impedida de presentarse a la reelección.
Enfrente, el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) representa a la Concertación, la coalición de cuatro partidos de centro-izquierda que ha ganado todas las elecciones desde 1990 y cuyos líderes fueron decisivos para poner fin a la dictadura.
Frei, un tecnócrata de 67 años, ha lidiado con el desgaste de la coalición, con su propia falta de carisma (él mismo se define como una persona aburrida), además del fantasma de la actual presidenta, que llega al final de su gobierno con una popularidad que oscila entre 75 y 80%%.
Además, por primera vez la Concertación llega dividida a las elecciones ante la disidencia del diputado Marco Enríquez Ominami (MEO), un carismático diputado, hijo de un dirigente de izquierda asesinado por el régimen de Pinochet.
MEO llegó con un mensaje fresco que hizo pensar que superaría al propio Frei aunque en las últimas semanas se ha estancado.
Según el último sondeo, Piñera lograría el domingo 44%% contra 31%% de Frei, 17%% de Enríquez y 7%% del dirigente comunista Jorge Arrate.
Así Piñera y Frei irían a una segunda vuelta, y aunque las encuestas revelan una clara ventaja para el derechista por 49 a 32%%, no significa que todo esté dicho.
«Esta es la primera vez que la Concertación enfrenta un escenario tan adverso, pero creo que en segunda vuelta vamos a ganar» con Frei, dice el senador oficialista José Antonio Gómez.
La clave de mañana es la diferencia que saque Piñera, dice el politólogo Guillermo Holzmann.
«Si la distancia entre Piñera y Frei es menor a 8 puntos la opción de Piñera tiende a disminuir en la segunda vuelta; si la diferencia entre ambos es mayor a ocho puntos la opción de Piñera aumenta considerablemente», dice.
El escenario más factible de segunda vuelta es entonces entre un empresario percibido como un tiburón en los negocios y un dirigente histórico.
«Incluso sus más fervientes partidarios saben que no es una inocente paloma pero lo apoyan porque sus evidentes fortalezas también están a la vista y son las que, según ellos, serían imprescindibles para conducir al país», dice sobre Piñera el analista Cristóbal Bellolio.
«Hay momentos en los cuales parece que la ciudadanía se inclina por buenas personas y otros en los cuales opta por buenos administradores», agrega.
Frei, quien ganó la elección en 1994 en primera vuelta, parece tener muchos problemas, dicen los analistas.
«Si ya se estaba evidenciando imposible traspasar la popularidad de la presidenta a Frei, tampoco es tan obvio tomar una calculadora y sumarle a Frei los votos de MEO», dice Bellolio.
Mauricio Morales, experto electoral, recuerda que Frei fue un candidato casi por descarte pues antes de él no quisieron aceptar ni el ex presidente Ricardo Lagos ni el actual secretario de la OEA, José Miguel Insulza.
«En un momento en que nadie quería ser candidato, Frei fue el único que se mostró dispuesto a asumir el desafío presidencial, con la derrota en el horizonte», dice.
La Coalición parece haber llegado un punto de quiebre.
«La principal virtud de la coalición es el hecho de haber producido un tránsito exitoso hacia la democracia», dijo Morales.
Pero la percepción es que la transición ya se hizo -más aún con la muerte de Pinochet hace tres años- y que el país ya está preparado para recibir un gobierno de derecha sin miedo a que regresen los autoritarismos.
Fabián San Martín, en campaña por el oficialista Eduardo Frei, reconoce que lo hace por dinero. «No estoy inscrito para votar; sólo lo haría si me llamara la atención un candidato», dice este estudiante de 23 años, parte de ese 75% de jóvenes que se abstendrá en las elecciones mañana en Chile.
«Los candidatos de ahora son para la risa, son siempre los mismos y se insultan entre ellos», argumenta Fabián, que viste una camiseta con el nombre de Frei en el pecho y entrega propaganda electoral en la céntrica comuna de Providencia.
«Esto sólo lo hago por plata», se excusa, dando muestra de una apatía que es constante en los jóvenes chilenos frente a la política, que se han marginado en las últimas elecciones.
En el plebiscito de 1988 para acabar con la dictadura de Augusto Pinochet, 36% de los votantes era joven (entre 18 y 29 años). Hoy, según datos oficiales, sólo 9,2% del total de inscritos en el Servicio Electoral (unos 8,2 millones) está en ese rango.
«Al no inscribirme expreso que estoy en contra del sistema, porque a todos les interesa el poder y la plata. No le creo a ninguno», señala Francisca, de 18 años, que es nacida tras el fin de la dictadura de Pinochet y optó por no votar.
Francisca integra la llamada «Generación pingí¼ina», aquella que en mayo de 2006 protagonizó las mayores protestas de estudiantes en Chile en las últimas tres décadas, en coincidencia con el inicio del gobierno de Michelle Bachelet.
Con un entusiasmo desbordante y una mística que echó por tierra las hipótesis sobre la apatía de los jóvenes chilenos, el movimiento hizo historia al forzar la renuncia del ministro de Educación de la época y obtener un compromiso del gobierno para reformar la educación pública chilena.
Pero ese entusiasmo por defender sus derechos no se traslada a las urnas.
Una de las razones es que en Chile el voto es obligatorio pero sólo para quienes están inscritos en los registros electorales.
Es decir que al inscribirse un joven sabe que adquiere una obligación para toda la vida, y eso desincentiva a muchos.
Si alguien inscrito no vota y no tiene justificación, debe acudir ante un juez y pagar multas que van desde los 39 hasta los 220 dólares.
Un proyecto para promover la inscripción universal y el voto voluntario fracasó en el Congreso.
La constante apatía juvenil por la política motivó al gobierno a lanzar en los últimos meses la campaña «Yo tengo poder, yo voto», en busca de atraer a los registros a los jóvenes chilenos, pero sin éxito.
Al no existir nuevos electores, los políticos tampoco se interesan por los temas de los jóvenes. «Los políticos se pregunta para qué hacer campaña o poner temas en carpeta que interesan a los jóvenes, cuando los jóvenes no votan», analizó el comentarista Nibaldo Mosciatti.
La presencia en campaña de Marco Enriquez-Ominami, un político de 36 años que desafió al sistema, tampoco parece entusiasmar a los jóvenes, que lo ven como otro miembro más de los clanes políticos que han controlado el país.
Los tres aspirantes a la presidencia llevan la política en la sangre. Piñera es hijo de un fundador del partido democratacristiano; el padre de Frei fue presidente y Enríquez-Ominami es hijo adoptivo del senador Carlos Ominami.
Los jóvenes chilenos parecen motivarse por otras iniciativas, sobre todo de carácter social. Una de ellas es «Un techo para mi país», que nació en Chile al alero de la Iglesia Católica y ha convocado a más de 200.000 jóvenes en América Latina para la construcción de viviendas para familias pobres.
«Espero que a largo plazo el sistema sea más flexible para incorporar a los jóvenes porque hay que entender que son ellos los que van a cambiar Chile en los próximos 15 a 20 años», asegura Maximiliano Raide, presidente de la privada fundación Jóvenes Líderes.
La revelación del asesinato de un ex presidente a manos de la dictadura de Augusto Pinochet revivió la polémica sobre punto final y amnistía, que parecía apagada en la campaña electoral chilena, y ha generado problemas al puntero de la campaña, el derechista Sebastián Piñera.
El tema volvió a saltar el lunes cuando un juez acusó a seis personas -entre ellas cuatro médicos- de asesinar en 1982 al ex presidente Eduardo Frei Montalva, padre del actual candidato oficialista Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Este caso sirvió al candidato independiente Marco Enríquez-Ominami para atacar a Piñera, a quien acusa de haber querido promulgar amnistías por derechos humanos.
«Me sorprende que Sebastián Piñera se haya comprometido a ayudar a que se sepa la verdad, (sobre el caso Frei Montalva) cuando él en el año 95 presentó una ley de amnistía para que justamente casos como estos no se investigaran», dijo Enríquez.
«Yo lo emplazo a que nos diga si se arrepintió de la ley de amnistía», agregó Enríquez, cuyo padre, el fundador del radical Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue asesinado también por la dictadura de Pinochet en 1974.
Por su parte Frei-Ruiz Tagle indicó que «no queremos ley de Amnistía, queremos que todos los procesos continúen, que todas las personas que tienen familiares en una situación similar puedan saber exactamente qué pasó con ellos y se les pueda dar cristiana sepultura».
Piñera admitió haber presentado la ley mencionada por Enríquez pero señaló que «fue en el contexto del proyecto de ley que se conoció como Otero-Figueroa y por lo tanto eso fue algo que hicimos para lograr que Chile pueda mirar hacia delante».
Ese proyecto -que no fue aprobado- preveía el rápido cierre de unos 800 juicios por desapariciones con investigaciones máximo de dos años por parte de jueces especialmente.
«Hoy día soy absolutamente partidario de que se conozca la verdad en el caso de Eduardo Frei Montalva», agregó Piñera.
Un problema adicional para él es que en noviembre propuso agilizar los juicios a ex militares por violación de DDHH en la dictadura, que dejó un saldo de más de 3.000 víctimas, lo que llevó al gobierno a pedirle que aclarar si estaba proponiendo una ley de punto final.
«No sé cuál es la profundidad de ese planteamiento, pues para que los juicios no fueran eternos habría que dictar alguna legislación de punto final, que yo no sé si esa es la intención», afirmó el vicepresidente Edmundo Pérez Yoma.
«Piñera se saca las caretas y se muestra como es, una persona de derecha, comprometida con la dictadura y las violaciones de derechos humanos», dijo Mireya García, de la agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
En Chile rige una ley de amnistía promulgada por Pinochet en abril de 1978 y que cubre los crímenes cometidos por militares desde septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe contra el presidente Salvador Allende, hasta esa fecha.
A pesar del insistente pedido de familiares de víctimas, en 20 años en el poder la centro-izquierda no ha tenido el peso político necesario en el Congreso para anularla.
El analista Guillermo Holzmann dijo a la AFP que cree que Piñera «busca una suerte de propuesta jurídica que permita generar un criterio para cerrar los casos en que no haya avances judiciales, lo que difiere mucho de un punto final».
«Creo que sería un avance en la medida que deja instalado en la sociedad chilena que el tema de los DDHH no puede quedar en el olvido pero tampoco puede ser eterno», agregó.
Según Holzmann «en Chile existen dos visiones extremas para enfrentar el tema de los DDHH: una ideológica que no solamente busca justicia, sino que está vinculada a un afán legítimo de venganza, pero una parte importante está por ir cerrando los casos, bajo el establecimiento de una verdad jurídica y que queda en evidencia de que sí hubo violaciones a los derechos humanos».