Esta mañana el New York Times critica severamente el decreto emitido por el gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez, en el que refuerza las disposiciones para facilitar las labores de espionaje en el marco de una nueva legislación que norma la inteligencia civil. En opinión del rotativo norteamericano y de varios adversarios de Chávez, el marco regulatorio que permite espiar a los habitantes de Venezuela para establecer si están involucrados en actividades contra la seguridad del Estado es una muestra de la vocación totalitaria del mandatario sudamericano.
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Sin embargo, cuando uno lee el contenido de la legislación venezolana no puede sino encontrar que casi es un plagio de la famosa norma conocida como Patriotic Act (Acta Patriótica) aprobada a instancias de Bush y que permite realizar espionaje en contra no sólo de los habitantes de Estados Unidos sino de cualquier otro país del mundo, con el agravante de que en el marco de esa ley han secuestrado a personas para llevarlas a centros secretos de detención o a la base de Guantánamo donde son sometidos a interrogatorio sin derecho a juicio de conformidad con el marco constitucional norteamericano.
Cuando Bush empezó con su política contra los terroristas suprimiendo ancestrales garantías civiles que eran pilar fundamental del estilo de vida de los estadounidenses, recordé que se trataba de las mismas medidas y los mismos argumentos que en su momento usaron los dictadores latinoamericanos para implementar políticas violatorias de derechos humanos en el marco de la guerra contra la subversión comunista. Y dije que el daño sería muy grande para ese país y para el resto del mundo por la influencia que tienen en todos lados.
Me parece en alguna forma hipócrita que los medios de prensa de los Estados Unidos se lancen a criticar las acciones del gobierno de Venezuela cuando han sido totalmente complacientes con las acciones realizadas por grupos secretos de espionaje en su propio país y con todas las disposiciones que el departamento de seguridad interna ha tomado y que violentaron prácticas ancestrales.
El anterior Secretario de Justicia, Alberto González, llegó al colmo de aprobar el uso de la tortura como mecanismo para obtener información en el marco de los intereses nacionales de seguridad en la lucha contra el terrorismo.
Pienso que Bush y Chávez tienen tendencias dictatoriales y son gobernantes que en medio de sus paranoias violentan la legislación universal en materia de derechos humanos. Efectivamente, me parece que las normas aprobadas en Venezuela son contrarias a la letra de los derechos humanos y que deben ser denunciadas por los venezolanos y la comunidad internacional. Pero me parece que los norteamericanos tienen que ver primero la viga en su propio ojo antes de estarse fijando en la paja del ojo ajeno, como es el caso actual. Si el New York Times considera contrario a la democracia y a los derechos elementales del hombre esa violación a la privacidad que se enmarca en una ley como la emitida en Venezuela, hay que demandarles que también revisen con detenimiento el Acta Patriótica de su propio país porque no sólo pone en riesgo a ciudadanos norteamericanos, sino que ha significado el secuestro y posterior tortura de habitantes de otros países para los que no existe el elemental derecho de defensa.