A reserva de presentar su informe completo en el futuro, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, señor Leandro Despouy, presentó ayer sus conclusiones preliminares luego de la visita que hizo a Guatemala esta semana y, la verdad, puso el dedo en la llaga al destacar, nuevamente, que Guatemala es un país en el que campea la impunidad y no existen mecanismos adecuados de justicia. Por supuesto que no podía pasar por alto el funcionario internacional el bochorno de la Corte Suprema de Justicia, pero al fin y al cabo hay que entender que el desmadre a esa instancia no es causa sino reflejo de lo que está mal en el sistema judicial. Y también hay que entender que el sistema judicial está deteriorado como parte del desgaste total de las estructuras del Estado guatemalteco y para nada puede pensarse que sea un hecho aislado.
Puede decirse que el Relator no está diciendo nada nuevo, nada que no hayamos dicho muchos en el país en el pasado reciente, pero su autoridad para hacer los señalamientos es importante porque se deriva de un mandato internacional con ese fin específico y concreto. De suerte que cuando reitera que nuestro sistema se ha convertido en un verdadero paraíso de impunidad está reforzando un punto de vista que demanda acciones urgentes y medidas concretas en distintas instancias para rescatar, si es que aún es posible, el estado de Derecho en el país.
La lectura de las conclusiones del Relator luego de haberse entrevistado con distintos sectores nos demuestra que no es exagerada nuestra preocupación por el deterioro de las instituciones en Guatemala ni descabellada nuestra postura al reclamar cambios profundísimos en la estructura nacional, al punto de que si los Estados pudieran ser objeto de reingeniería, el nuestro la necesita en forma absoluta. Lamentablemente hay que decir que las reingenierías de los Estados generalmente se originan a consecuencia del borrón y cuenta nueva que deviene de manifestaciones de cansancio popular, como ocurrió en nuestro país en 1944, puesto que cuando la intentan hacer las mismas estructuras podridas y corruptas, generalmente no se trata sino de arreglos cosméticos para taparle el ojo al macho, como decimos usualmente.
Lo indiscutible es que no podemos continuar en la senda que ahora estamos recorriendo porque con ello garantizamos el irrespeto a la ley, la preeminencia del crimen organizado sobre todas las estructuras nacionales, incluyendo las de justicia, y la anarquía que tanto conviene a esos grupos de delincuentes que lucran gracias a la impunidad producto de la ausencia total del sentido de autoridad y de respeto a la ley.