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El mandatario precisó que serán trasladados a otra cárcel exclusiva para uniformados, Punta Peuco, y un puñado de civiles condenados por crímenes de lesa humanidad, donde seguirán manteniendo beneficios impensados en cárceles comunes.

La decisión fue tomada a dos semanas de que uno de sus ocupantes, el exjefe de la policía represiva de la dictadura militar (1973-1990), Manuel Contreras, ofreciera sendas entrevistas a tres canales de televisión en las que negó la existencia de detenidos desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet y se burló de los guardias de prisiones.

Las declaraciones del exjefe de los violadores de derechos humanos se produjeron el mismo día del 40mo aniversario del golpe que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende, que provocaron nuevas demandas de familiares de las víctimas del régimen militar.

Piñera, que lidera un gobierno de centroderecha, basó su decisión en los principios de «igualdad ante la ley, la seguridad de los reclusos y una mejor y más eficiente funcionamiento de Gendarmería de Chile (la guardia de prisiones»), según explicó en una breve rueda de prensa en el palacio de gobierno, durante la que sólo aceptó un par de preguntas.

Los reos disfrutan de comodidades que han sido criticadas desde su creación en 2004, durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos, para evitar el hacinamiento en el penal de Punta Peuco, la primera cárcel especial para represores, construida en 1995, cuando Pinochet había devuelto el poder político a los civiles, pero mantenía la máxima jefatura del ejército.

Lagos era Ministro de Obras Públicas en 1995 y se opuso a la construcción de Punta Peuco, cuya creación se produjo como una concesión al ejército, luego de un fallo judicial que mandó a la cárcel a Contreras, quien se negó a ser encerrado y se refugió en un regimiento del ejército por varias horas, luego se trasladó hasta una finca de su propiedad, para terminar internándose en un hospital de la armada, donde lo operaron de cáncer al colón.

Luego accedió a la creación del penal Cordillera porque Punta Peuco estaba con su capacidad al máximo, según se dijo.

La ex presidenta y candidata presidencial para las elecciones del 17 de noviembre, la socialista Michelle Bachelet, reaccionó declarando que «quiero valorarlo y destacarlo. Quiere decir que el país está en condiciones para esto (para el cierre)».

El diputado opositor Tucapel Jiménez, hijo de un sindicalista baleado y degollado por represores recluidos hoy en Punta Peuco, dijo que «celebro la decisión del presidente de la república, es algo que esperaba hace mucho tiempo», aunque añadió que habría preferido el cierre de las dos cárceles.

El general retirado Luis Cortés Villa, que dirige un grupo de uniformados jubilados, dijo que «la encuentro una medida apasionada cuando está obedeciendo a determinadas reacciones de la izquierda, que lo impulsa a que resuelva situaciones que antes ellos no las resolvieron».

El penal Cordillera se ubica en el interior del regimiento de telecomunicaciones del ejército, en los faldeos precordilleranos de Santiago, y alberga a ocho generales y dos coroneles retirados, incluida la cúpula de la poderosa Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, responsable de los mayores crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros años de la dictadura militar.

La dictadura dejó un saldo de poco más de 36.000 presos políticos y torturados, 3.095 opositores muertos por agentes represivos, de los cuales permanecen desaparecidos los restos de un millar de personas.

Como «prudente y oportuna» calificó la medida el senador Hernán Larraín. Dijo que los privilegios de los ocupantes de Cordillera «son odiosos»,

El penal, que no se rige por las reglas impuestas en las cárceles comunes, está compuesto por «cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas», según un informe difundido en la víspera por la fiscal de la Corte de Apelaciones, María Loreto Gutiérrez.

Los 10 ocupantes de esta cárcel especial están custodiados por 35 gendarmes o guardias de prisiones, mientras en los penales comunes hay un custodio por cada 50 presos, según la directiva nacional de gendarmería.

Con el traslado a Punta Peuco, 40 kilómetros al norte de Santiago, los represores seguirán manteniendo un conjunto de granjerías inimaginables en la mayoría de las cárceles comunes.

En Punta Peuco hay 44 reos, custodiados por 66 policías de prisiones. Está integrado por cuatro módulos con su propio patio, sala de estar, baño y cocina. La comida es la misma que comen sus custodios, aunque tiene una colación extra después de la cena, según un informe del fiscal Daniel Calvo difundido ayer.

Calvo dijo que se retiraron los computadores que observó en su visita anterior, de febrero, porque descubrió dispositivos móviles de acceso a internet. Las visitas son tres veces a la semana, de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 horas. Las tres celdas de castigo tiene luz natural, dos baños y un pequeño patio techado.

Estas visitas de ministros y fiscales son habituales a las cárceles chilenas. Lo inédito es que ambos informes se difundieron en momentos en que se esperaba la decisión de Piñera sobre el penal Cordillera, y cuando se preparaba un asado en homenaje a otro preso de Cordillera, Miguel Krassnoff, uno de los peores represores de la dictadura, condenado a 121 años de cárcel.

Oscar Benavides, presidente de la entidad que aglutina a los guardias afirmó que los asados en Cordillera «han sido prácticas comunes».

El hacinamiento en la mayoría de los penales comunes resaltó más al divulgarse las comodidades y beneficios de que disfrutan los represores, todos condenados por asesinato y secuestros calificados. Hace dos años un incendio en una de las torres de la cárcel de San Miguel mató a 81 reclusos amontonados en un puñado de celdas, que no pudieron ser abiertos por los pocos custodios debido, entre otras razones, al calentamiento de los barrotes.