El hospital Fundación Marco Antonio, que atiende a centenares de guatemaltecos infectados con VIH, dejará de operar en los próximos días por la falta de asignación de fondos por parte del Estado.
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Los múltiples problemas que enfrentan los hospitales nacionales de salud pública y del Seguro Social, y las repentinas rupturas de tratamientos que estos han tenido en años anteriores no es nada nuevo en el país.
Esto, año con año, provoca daños irreparables en los pacientes, ya que los centros asistenciales se limitan e imposibilitan en garantizar estos servicios, incidiendo en un aumento en la saturación de los mismos, así como servicios de baja calidad.
Durante nueve años, la Fundación Marco Antonio ha trabajado conjuntamente con el Gobierno de Guatemala para la provisión y descentralización de los servicios para la atención integral de personas viviendo con VIH o sida, mediante la cooperación financiera del Gobierno central a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), atendiendo a más de 1050 personas.
Ana Castillo, directora de ese centro asistencial, dijo que el Congreso guatemalteco «se negó a asignar los recursos solicitados por el Ministerio de Salud para el funcionamiento durante 2008», lo cual les impedirá seguir prestando sus servicios.
No obstante lo anterior, el Gobierno, mediante el Decreto 70-2007 del Congreso de la República publicado el 18 de diciembre de 2007, en donde se aprueba el Presupuesto General de la Nación 2008, ha dispuesto retirar el presupuesto a la Fundación Marco Antonio, lo que deja en una grave situación a las personas afectadas.
«Se pone en peligro la vida de más de un millar de personas, porque ya no podremos brindarles atención médica periódica, exámenes de laboratorio y atención hospitalaria», precisó Castillo.
En el presupuesto de gastos del Estado para 2008, aprobado en noviembre pasado, el Congreso no incluyó los 10 millones de quetzales que el Ministerio de Salud previó para entregar al hospital Fundación Marco Antonio.
Ese centro asistencial recibe fondos del Estado desde hace ocho años para proveer de servicios de salud a pacientes infectados con VIH, ante la imposibilidad de los hospitales públicos de atender la alta demanda de personas con esa enfermedad.
De donde las implicaciones de esta decisión tendrán un alto impacto en la vida de estas personas y sus familias, puesto que el MSPAS por sí mismo tiene con un presupuesto ya deficiente para enfrentar las múltiples necesidades de la población en general.
La falta de fondos designados a estos otros programas para garantizar la cobertura de quienes viven con VIH o sida atentaría contra la vida de quienes necesitan estos servicios.
El año pasado, explicó Castillo, ese hospital prestó 343 servicios de hospitalización, atendió 70 casos de madres contagiadas con VIH que dieron a luz a sus bebés, y dio consultas médicas a dos mil 300 personas.
Evitar cierre
La Fundación Marco Antonio (FMA), como medida preventiva de nuevas infecciones, provee leche maternizada para bebés en riesgo de infección por ser hijos de madres en situación de pobreza y que son VIH positivas.
Las acciones preventivas impulsadas por la FMA también comprenden esfuerzos continuos destinados a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y VIH, con diferentes poblaciones; en el año 2007 se trabajó con 29 mil 593 personas, con el fin de incidir directamente en la reducción de nuevas infecciones, así como mejorar la salud sexual y reproductiva de los guatemaltecos.
«También se procuró la dotación de medicamentos antirretrovirales y profilácticos destinados a más de mil 70 personas», que ahora podrían quedar desatendidos por la falta de recursos económicos, agregó Castillo.
La FMA pidió al Procurador de los Derechos Humanos iniciar las acciones que correspondan para asegurarse que el Estado garantice plenamente el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a las garantías judiciales.
Para evitar el cierre del hospital, los directivos de la Fundación Marco Antonio, junto a la Red Regional de Derechos Humanos VIH-Sida y representantes de los pacientes, presentarán una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
«Esperamos que la Corte nos ampare y ordene al Estado dotarnos de los recursos necesarios, porque es un asunto de vida o muerte», señaló Jorge Arreola, representante de los pacientes.
Según el Programa Nacional para la Prevención, Atención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida, del ministerio de Salud, unos 120 mil guatemaltecos, en su mayoría jóvenes, están infectados de VIH, y muchos no lo saben.