Aproximadamente 650 familias desalojaron voluntariamente la Finca Plan Grande, ubicada en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, que habitaron desde agosto del año pasado; argumentaron que se ubicaron en estas parcelas porque carecían de una vivienda.
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Entre lágrimas, América Gómez, madre de cinco niños, lamentaba abandonar la vivienda improvisada, que construyó con láminas junto a su esposo, debido a que carecen de un lugar para vivir.
Según la entrevistada, aunque ella y su cónyuge laboran en trabajos domésticos y conducción de transporte respectivamente, les es imposible adquirir una vivienda, mientras que rentar representa un costo muy alto, pues aun uniendo ambos salarios obtienen aproximadamente un ingreso mensual de Q1,850.
La familia de Gómez es una de las 650 que hasta hoy residían en la Finca Plan Grande, donde no se goza de todos los servicios básicos como el agua. El camino para ingresar y salir del área no está asfaltado y los residentes deben caminar varias cuadras para abordar un bus, si así lo requieren.
Hoy voluntariamente decidieron abandonar las parcelas para evitar ser expulsados por la fuerza y generar violencia en contra de los niños, niñas y personas adultas mayores.
PRESENCIA POLICIAL
Fiscales del Ministerio Público (MP) y un fuerte dispositivo de la Policía Nacional Civil (PNC) arribaron al lugar para efectuar el desalojo. Las autoridades presentaron la orden de juez competente.
Según Regina Brol, querellante del proceso a favor de los 15 propietarios de la finca, desde hace varios meses se intentó que las personas desocuparan el área, pero no hubo respuesta positiva.
“A través de una junta conciliatoria que se llevó a través del MP se trató que las personas desocuparan de forma voluntaria este lugar, pero no se logró, por lo cual solicitó una orden de allanamiento al Juez Contralor, al Juzgado de Primera Instancia de Villa Nueva y ya se cuenta con la orden de desalojo que es lo que hoy se está tratando de lograr”, refirió.
Por aparte, Harry Pineda, mandatario y abogado de una de las empresas –Multiblock–, explicó las diligencias efectuadas anteriormente.
“Este consenso viene desde de octubre del año pasado, se les ha fijado en dos o tres oportunidades plazo para que puedan desalojar de forma pacífica”, reiteró.
En el lugar trascendió que un representante legal de los afectados, de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) habría interpuesto un amparo en diciembre pasado para evitar el desalojo, pero la solicitud fue rechazada.