EDGAR GUTIí‰RREZ/CEESC
La doctrina de los derechos humanos dice que los derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales, son indivisibles. Nuestros Estados han desplegado una red de protección de los derechos civiles y políticos, pero la violación sistemática de los derechos económicos y sociales se ha convertido en varios lugares en una política de Estado. Y esta esquizofrénica separación de la agenda estatal es motor de las crisis de gobernabilidad, a la cual incluso le podemos atribuir un cierto itinerario, a juzgar por los patrones observados en Latinoamérica en las últimas dos décadas. El tema no es la gradualidad en la aplicación de las políticas sociales, sino su ausencia.
Itinerario de la crisis de gobernabilidad
La experiencia reciente muestra cómo las crisis de gobernabilidad siguen cuatro momentos:
a) Crisis de confianza. Ocurren cada vez más precozmente en gobiernos recién instalados, en una aceleración del tiempo político, característica de sociedades tele-informadas. Las primeras iniciativas del gobierno denotan inseguridad estratégica y un diagnóstico errado de las capacidades del aparato público. Rápidamente la sociedad toma nota de una «ausencia de rumbo». El inicio de un gobierno dubitativo, con poca pericia política, con dificultades para entender la naturaleza simbólica del ejercicio del poder propicia un rápido desencanto de los votantes, que empiezan un camino muchas veces sin retorno: el de la desconfianza de su propia decisión electoral. El indicador más certero es un significativo descenso en la popularidad presidencial, aún reversible en ese momento.
b) Crisis de conducción política. El siguiente paso produce bloqueos importantes en la gestión de la agenda gubernamental. Es la coyuntura en que se resquebraja la viabilidad política de las decisiones gubernamentales, y empieza a aparecer un clima de tensión y confrontación que hace que muchas de estas decisiones -que cuentan con plena legalidad-, tengan que ser desechadas por la ilegitimidad creciente de los actos de gobierno. Un indicador notorio es la combinación entre aceleración del tiempo político para la sociedad y un estancamiento del tiempo político de reacción para el gobierno, que se ve confrontado cotidianamente con la realización de sus promesas electorales.
c) Crisis de legitimidad. Las acciones del gobierno, y singularmente del jefe del Ejecutivo, son vistas con marcada sospecha -sea por impericia política, sea por razones de carácter ético. La viabilidad política de las acciones y decisiones gubernamentales se resquebraja severamente y se instala un clima de confrontación generalizada. En este momento, el gobierno pierde la iniciativa y el control sobre la agenda pública, y pareciera carecer de representación orgánica definida, así como de una estrategia consistente.
d) Crisis del Estado. Es el despliegue pleno de la crisis de gobernabilidad, que lleva a la quiebra del régimen político y del mismo Estado. El clima de confrontación se vuelve irreductible y el gobierno pierde el control de las tensiones y conflictos de la sociedad. El gobierno pasa a ser en uno más de los actores políticos, que buscan llenar el vacío de autoridad, y deja de representar un elemento central del orden político.
Este itinerario tiene puntos de inflexión y no retorno, que hacen de la comprensión de la dinámica por inercia de los conflictos sea un asunto de primera importancia para la gestión de cada fase de la crisis de gobernabilidad. La valoración del tiempo político es, en cada caso, el meollo de la comprensión de los diversos factores de la gobernabilidad.
Así, el descontento social echa mano de los espacios de protesta que brinda la democracia para expresarse y exigir periódicamente la salida de gobiernos, considerados responsables de la angustia popular. Esa esquizofrenia produce otra: las democracias no pueden madurar ni consolidarse cuando la inestabilidad de los liderazgos al frente de las instituciones se vuelve una norma.
Centroamérica y Guatemala destacadamente, viviendo en democracia, es una de las regiones del mundo con más alto índice de desigualdad. Sólo ese dato explicaría las tensiones institucionales y la vulnerabilidad de las democracias en la región. Dado que ni el aumento del empleo, ni la expansión de las clases medias son los pivotes de un desarrollo social democrático, las estrategias sociales de los Estados centroamericanos han adquirido, con la participación de la sociedad civil, una vocación de generar proyectos focalizados para mitigar pobreza. Su suerte es diversa, según las fluctuaciones de la economía mundial y la calidad y transparencia de las instituciones en cada país. Así, vivimos en democracias atrapadas entre políticas de desaliento y el desaliento que produce la política.
¿Cómo se rompe ese círculo? La función de los estadistas es esencial en la tarea de reedificar la institucionalidad del Estado. La recuperación de la autoridad de la política y de las tareas básicas del Estado de bienestar, resultan igualmente soportes insustituibles para el cambio. La tarea de los centroamericanos es ampliar mediante sinergias el espacio de lo que suele llamarse «interés nacional-regional» y atraer hacia ese terreno los temas torales de la cohesión social, que por ahora polarizan y despiertan temblores a la gobernabilidad. Me refiero a recuperar el poder tributario del Estado, garantizar la función social de la propiedad y universalizar las políticas sociales como condiciones para recuperar capital humano -nutrición, salud y educación- y capital social -organización, confianza, valores. Sin ello no hay crecimiento sustentable ni competitividad sostenible en la región. Tampoco será viable una integración política que abra la avenida a la integración económica y social.