Guatemala junto con Honduras y El Salvador tienen los índices más altos de homicidios en la región latinoamericana, debido a la violencia e impunidad con que la criminalidad actúa.
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Los tres países conforman el denominado Triángulo Norte, donde las tasas de homicidios alcanzan los 60 fallecidos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media en América Latina es de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.
«Estamos llegando al triple de la tasa latinoamericana y estamos por mucho arriba de la tasa mundial de homicidios, eso nos coloca en una situación preocupante», aseguró Edgardo Amaya, experto en Seguridad y Justicia Penal, quien participa del Curso Regional sobre Seguridad y Derechos Humanos que se desarrolla en el país esta semana.
Según Amaya, los tres países viven en un área de guerra civil, pese a la inexistencia de bandos contrarios, advierte que los diferentes actores de la criminalidad: delincuencia común, crimen organizado, están cobrando vidas de personas en cantidades desproporcionadas.
Debilidad institucional
El experto afirma que la tradición histórica de las dictaduras debilitó a las instituciones encargadas de brindar seguridad pública, ya que por mucho tiempo éstas las educaron para funcionar en contextos antidemocráticos.
«Los problemas de corrupción no son atacados por lo que esta situación sirve de semillero para el crimen organizado, y cuando este puede invadir las instituciones lo que hace es procurar su propia impunidad, por lo que se generan círculos perversos donde la corrupción permite el crecimiento de la impunidad y el Estado se debilita más», argumentó.
Participación ciudadana
La participación activa de la ciudadanía es visualizada como la principal solución a este panorama. «El ejercicio de la ciudadanía, el control democrático de las instituciones y la exigencia del cumplimiento de políticas eficientes y eficaces para la garantía de su seguridad y el respeto de los derechos humanos, es fundamental para modificar esta situación», indicó Amaya.
Políticas represivas
A criterio de la consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, quien también participó del evento organizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, las políticas represivas que se implementan, especialmente en los tres países mencionados, únicamente contribuyen al incremento de la criminalidad.
«Desde la década de los 90, hasta la fecha, América Latina ha incrementado sus niveles de inseguridad, criminalidad y delincuencia, las cuales se acrecientan por el diseño de estrategias que no son integrales, sino aisladas y que responden a un síndrome del corto plazo de la urgencia social», sostuvo Albaladejo.
La experta dijo que al continuar con la implementación de acciones que privilegian el uso de la fuerza, por encima de estrategias integrales que aborden el problema desde un enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento institucional, la inseguridad y la violencia se incrementarán.
«En El Salvador, por ejemplo, entre 2002 y 2006 con las políticas de Mano Dura, se duplicó de dos mil a cerca de cuatro mil, la tasa de homicidios», recordó la entrevistada.