El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo entre Honduras y Nicaragua, el país con más conflictos territoriales de Centroamérica, ha complacido a los dos y ha devuelto la esperanza de que por fin se salden las numerosas cuentas pendientes entre unos vecinos decididos a integrarse económicamente.
El fallo salomónico de la CIJ dio la razón el lunes a Honduras por la soberanía de cuatro islas en el Caribe en disputa con Nicaragua, aunque estableció una nueva frontera marítima que reconoce parte de los reclamos de Managua sobre 130.000 km2 en el Caribe.
La nueva realidad centroamericana, empujada por la Unión Europea a firmar una Unión Aduanera y a crear instituciones comunes, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, contribuirán a solucionar conflictos territoriales históricos, fruto de la «inestabilidad y la ingobernabilidad» que han marcado la región, según el análisis del ex canciller nicaragí¼ense Emilio Alvarez.
Reflejo de esa nueva realidad es el abrazo entre los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Honduras, Manuel Zelaya, al conocerse el fallo de la CIJ.
Pero esta nueva realidad no está exenta de guijarros en el camino. Nicaragua es uno de los países con más conflictos territoriales de la región. Todavía no ha establecido las fronteras marítimas ni en el Pacífico ni en el Atlántico con Costa Rica, país que demandó a Managua en la CIJ, en 2005, para que le permita la libre navegación por el río San Juan, frontera natural entre los dos países.
El gobierno de Daniel Ortega ha expresado en reiteradas ocasiones el deseo de negociar un arreglo extrajudicial, pero Costa Rica lo rechaza.
Managua también tiene otro contencioso con Colombia en la CIJ desde 2001 por la soberanía de una extensión marítima de 50.000 km2 en el mar Caribe, que incluye las islas de San Andrés, Providencia, los cayos Quitasueños, Roncador y Serrano.
Los nicaragí¼enses alegan que estas islas fueron entregadas a Colombia en 1928, por el tratado Barcenas-Meneses-Esguerra (ratificado en 1930), que Nicaragua desconoce porque fue firmado bajo coacción, cuando el país estaba ocupado militarmente por Estados Unidos (1927-1934).
Colombia rechaza la competencia en este caso de la CIJ, que decidirá a finales de 2008 o principios del 2009 si acepta el reclamo de Bogotá.
No siempre los fallos de la justicia suponen la eliminación de las fricciones entre estas pequeñas naciones que de 1821 a 1834 vivieron unidas en una República Federal Centroamericana.
La falta de señales de demarcación en las fronteras decididas por la justicia, casi siempre por falta de recursos económicos o por dejadez administrativa, siguen agriando las relaciones entre vecinos.
Por ejemplo el Golfo de Fonseca, a cuyas aguas tienen acceso Nicaragua, Honduras y El Salvador desde una sentencia de la CIJ en 1992, es a menudo escenario de tensiones políticas y conflictos, incluso armados, entre pescadores y guardacostas que se acusan mutuamente de incursiones ilegales en aguas jurisdiccionales para faenas de pesca.
Los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador declararon hace unos días esta aguas del océano Pacífico «zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad» mediante la firma de un acuerdo con el que se proponen crear en la zona «un régimen de cooperación y acciones conjuntas que favorezcan su desarrollo».
Tampoco está del todo resuelto el diferendo entre Guatemala y Belice, que se independizó de Gran Bretaña en 1981, pese a los intentos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«La inestabilidad, la irresponsabilidad, la falta de profesionalismo y la ineficacia administrativa de los gobiernos» hacen, según Emilio Alvarez, que muchos de estos conflictos se perpetúen en una región duramente castigada por la pobreza, las guerras, las dictaduras y Estados endebles.
Emilio Alvarez
ex canciller nicaragí¼ense