Pavel Centeno, ministro de Finanzas Públicas, dijo que el pago de la deuda catalogada como flotante es cuestión de tiempo, pues podría hacerse por la vía conciliatoria o existe la posibilidad de que las empresas acreedoras tomen medidas legales y demanden al Estado de Guatemala para exigir el pago.

En opinión del funcionario, “en cualquier momento, cualquiera de las empresas llegará y pedirá una demanda en contra del Estado de Guatemala para que le paguen, porque si ellos tienen contratos ellos pueden hacerlo”.

La espera que hasta el momento han tenido esas empresas, sería porque son contratistas que normalmente están trabajando con el gobierno, pero en cualquier momento podrían solicitar una demanda, porque “si no es hoy, será el día de mañana; si no es por una vía conciliatoria como la que estamos tratando de llevar a cabo, va ser por una vía legal y el que tiene un contrato y se le debe dinero, tarde o temprano se le va tener que pagar, es cuestión de tiempo, nada más”, señaló.

Centeno, previo a una reunión con el presidente Otto Pérez Molina y otros funcionarios en el Palacio Nacional de la Cultura, especificó que el mandatario decidió dar más tiempo para determinar si los contratos existentes cumplen con todos los requisitos de ley y de esa cuenta se postergó la iniciativa para la emisión de Bonos del Tesoro.

“El Presidente decidió tomar el tiempo necesario para comprobar eso y hacer el proceso más transparente, derivado de que hay muchas opiniones al respecto, principalmente aquellas que dicen que es ilegal”; sin embargo, Centeno agregó “nosotros no vamos hacer nada ilegal y no vamos a pagar ningún contrato que sea ilegal”.

Para el efecto, según el Ministro, se solicitó una reunión con el Ministerio Público, con la Contraloría General de Cuentas y con la Procuraduría General de la Nación para que, según la competencia de cada entidad, determinar qué corresponde hacer con cada una de las acreedurías.

CONGRESO DECIDE
“No es que sea una deuda flotante”, dijo el funcionario, sino acreedurías que serían diferentes, pues la primera surgiría cuando el Estado no cumple con el pago de una obra ejecutada durante un ejercicio fiscal y la cancela en los primeros meses del siguiente. Por aparte, las acreedurías se vendrían cargando ejercicio tras ejercicio sin pagarlas.

El mecanismo de pago puede ser a través de los mismos recursos del ejercicio presupuestario o de un endeudamiento extraordinario, señaló el Ministro y a Finanzas Públicas le competería solicitar al Congreso de la República una ampliación presupuestaria, que se cubriría con endeudamiento a través de Bonos del Tesoro, “porque en este momento no existen negociaciones con otros organismos que también podría ser una vía de búsqueda de recursos”, puntualizó.
“Solo el Congreso de la República, única y exclusivamente, puede determinar si se pagan o no acreedurías de ejercicios anteriores, porque es el único que tiene la potestad constitucional de hacerlo”, aseveró el Jefe del Tesoro. En ese sentido, ni las carteras de Finanzas y Comunicaciones, ni Fonapaz, ni el Ejecutivo “pueden determinar si se paga o no, solo es el Congreso”, enfatizó, pues como Ejecutivo solamente podrían hacerse procedimientos para buscar recursos, y si el Congreso decide que se paga, entonces se pagará.

LEGALIDAD
Según el Ministro, “ni el Congreso ni nosotros podemos pagar algo que no esté legalmente sustentado”, pues las acreedurías “tienen que ser contratos legales”. Sin embargo, hay registros de todo tipo, pues “hay acreedurías que no se van a poder pagar, porque no tienen ningún tipo de respaldo; otras que sí, y unas más que tienen disponibilidad presupuestaria”.

Uno de los mecanismos para amarrar las obras para que se ejecutaran posteriormente pudo ser darles disponibilidad presupuestaria de hasta un centavo de Quetzal. Según Centeno, se desconoce cuál fue la razón, pero “habían disponibilidades presupuestarias de un centavo, de Q100 o hasta Q1 millón y eso le daba potestades al contrato de ser y de cumplir con todos los requisitos legales para poderse pagar”. Las obras, sin embargo, cuestan más que las disponibilidades citadas y por lo tanto no se paga.

Fuentes del Ministerio de Comunicaciones habían ofrecido enviar el listado de contratistas que esperan por el pago de la deuda por obras construidas; sin embargo, a la hora del cierre de esta edición impresa aún no lo habían hecho.