Estadísticamente el censo es una operación que se efectúa sobre la totalidad de la población o del aspecto que se desea medir. Hay censos de facto y censos de derecho. El primero implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio en estudio, el segundo conlleva el empadronamiento de toda la población residente en el territorio, sean estos presentes o ausentes.

Los censos tienen un antecedente histórico grande. Antes de Cristo los mismos fueron realizados en Babilonia, para efectuar un recuento estadístico de su ganado, existencias y producción de leche, lana, mantequilla y miel con el objeto de conocer cuál era su producción cada seis años.

Egipto efectuó un primer censo con el fin de conocer cuál era su población activa y así determinar su fuerza laboral, especialmente para construir sus monumentos. Israel realizó su primer censo para determinar las personas aptas para el servicio militar y la capacidad de su población en el pago de impuestos. China fue el primer país que realizó un censo para determinar su situación agrícola, industrial y comercial. Los romanos fueron quienes más censos realizaron durante su imperio, a la familia de María y José, padres de Jesucristo, el X censo que decretara el imperio romano les obligó a trasladarse de Nazareth a Belén, el censo se realizaba en base al lugar de nacimiento y no al de residencia.

Prusia realizó el I censo sistemático en Europa; en América, Estados Unidos efectuó el primer censo en 1790 y en el siglo anterior se sistematizó a nivel mundial la realización de censos de población y producción para conocer las características de un país y permitir una adecuada y fundamentada toma de decisiones políticas, económicas y sociales.

En Guatemala, el Ministerio de Economía tiene bajo su responsabilidad el Instituto Nacional de Estadística, INE, quien tiene la obligación de realizar cada diez años el censo de población y los censos de productividad agrícola, industrial y económica. Políticamente, el censo es la referencia en base a la cual el Tribunal Supremo Electoral debe de convocar a elecciones generales, hecho que ha implicado en algunos gobiernos como el de Ramiro de León Carpio, evitar el crecimiento del número de diputados; inapropiada e incorrectamente el TSE convocó “en base al último censo oficial” cuando ya existía un censo que implicaba el aumento de representantes en el Congreso.

En el presente gobierno debe realizarse un censo de población; sin embargo, el gobierno y la cúpula económica del país no desean que se efectúe, sabiendo que al actualizarse y conocerse el incremento de población el número de diputados que se elegirían por distrito electoral sería superior a los 158 legisladores que actualmente integran el Organismo Legislativo.

La solución no está en dejar de efectuar el censo de población que corresponda sino en variar la cifra repartidora para que en vez de ser un diputado electo por cada 80 mil habitantes, se elija un representante por cada 100 mil, 125 mil, 150 mil o el número que se encuentre adecuado por las fuerzas vivas del país.
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