Organizaciones de la Sociedad Civil se pronuncian porque las empresas telefónicas no realizan el bloqueo de celulares reportados como robados. Según Helen Mack, las empresas que prestan el servicio telefónico no realizan este registro porque la mayor parte de sus utilidades están en los teléfonos prepago, mientras Carmen Aída Ibarra señala que es una actitud de irresponsabilidad de las empresas telefónicas, así como de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
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Ayer este vespertino publicó una investigación sobre el bloqueo de teléfonos celulares, en donde constató que dos empresas de telefonía de las tres que operan en el país, no hicieron el registro adecuado de los teléfonos que fueron reportados como robados. Por lo que organizaciones de la sociedad civil se pronuncian al respecto.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, asegura que las empresas de telefonías no bloquean los celulares reportados como robados, porque la mayor parte de sus utilidades están en los teléfonos prepago, entonces eso los hace a no realizar el registro de los teléfonos robados.
Además, indica que quienes utilizan estos aparatos que son bloqueados aunque sean reportados como robados son los extorsionistas y secuestradores.
Según la activista las empresas y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), “siempre encuentran las mañas para que estas cosas sucedan”, no quieren tener una parte de conciencia y de responsabilidad social.
Mack señala que Guatemala es el único país de la región que no tiene un control sobre sus celulares, asegurando que es la avaricia de las empresas telefónicas, lo que no hace efectivo que se haga un registro como se debe, en la Base de Datos de Teléfonos Robados.
“Ellos (empresas telefónicas) quieren hacer dinero a costa de extorsiones y a causa de muchas muertes”, expone Mack e indica que este es el factor fundamental del por qué urge aprobar la Ley de Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito.
Además, Mack dice que no existe voluntad de las telefónicas de realizar un registro de los aparatos robados porque es precisamente la avaricia, “por la gana de hacer dinero sin pensar en los demás, hay un egoísmo y una avaricia por parte de los accionistas, que solo les interesa el dinero sin importar el resto de la gente”, señaló.
Según la entrevistada, estas empresas utilizan la corrupción para que los diputados bloqueen la iniciativa.
Entretanto, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, indica que lo que se enfrenta en este momento es una actitud de irresponsabilidad, tanto de las empresas de telefonía como de la SIT, y de alguna manera de las autoridades de seguridad y de justicia, porque habiendo conciencia de que el robo de celulares se ha convertido en un fenómeno criminal, y que todas las actividades ilegales conexas con el robo de celulares como venta del aparato y la posibilidad de cambiar el chip y poder rehabilitarlos cuando han sido robados, conforma ya un fenómeno criminal que ha ido en crecimiento, a ciencia y paciencia de las diferentes autoridades de justicia y seguridad, por eso es necesaria la aprobación de la ley.
Lectores
El reportaje, publicado ayer, también ha tenido impacto entre los lectores que se han pronunciado en nuestra página Web, así como que se ha compartido a través de las redes sociales.
En Twitter, más de cien personas tuitearon el reportaje en su Timeline y desde el perfil de La Hora fue retuiteado dieciséis veces. Un lector, Pedro Cruz, en Twitter, compartió el reportaje a la empresa Telefónica, pidiéndole una respuesta. La empresa se limitó a decir: “Gracias por el reporte. El caso es una situación puntual. Estamos mejorando nuestros procesos para evitar malos entendidos.”
En Facebook, casi cinco mil personas leyeron el reportaje y fue comentado por más de 60 personas. Unos 268 usuarios decidieron compartir el reportaje en sus propios perfiles, y más de 200 personas externaron en esta red social que les había gustado la investigación.
En Google +, también fue compartido, aunque en menor medida que en las otras redes sociales, debido a que ésta no es aún tan popular en el país.
Entre los comentarios vertidos, Helena Castillo opinó que esto “no es fraude, es un crimen. Y mientras los clientes no demanden una actitud diferente de las compañías, éstas no van a cambiar. El Congreso está comprado. Unas cuantas demandas civiles multimillonarias a la SIT y las empresas telefónicas y ya verán cómo cambia el escenario.”
Guillermo Galindo también opinó que “el experimento de La Hora pone en evidencia que la ley de registro de celulares será un adorno más, su efectividad es sumamente dudosa, pues tampoco garantiza que las compañías telefónicas bloqueen los aparatos robados.”
Lea el reportaje Claro y Movistar no bloquearon celulares reportados como robados