El pasado fin de semana el diario español El País publicó una extensa entrevista con José Manuel Soria, titular de la cartera de Industria, Energía y Turismo en el gobierno del Partido Popular, relacionada principalmente con el tema de la reforma eléctrica que se está dando en ese país europeo en el marco de las draconianas políticas de ajuste que han sido necesarias por la crisis financiera generada, entre otras cosas, por el masivo endeudamiento público que llevó al país a una situación tremenda, con altísimo costo para la clase media y para los pobres.

Pero me llamó la atención la pregunta que le hiciera el reportero, en el sentido de si hay riesgo de que las grandes empresas españolas dejen de estar controladas por españoles, y el funcionario dice que no ve tal riesgo, especialmente en los sectores estratégicos, donde entra en juego la llamada “Función 14” que permite al Estado autorizar o no ciertas operaciones. “A ver si alguien va a ir mañana a comprarse AT&T, el Gobierno de EE.UU. no lo permitiría.” El reportero, no contento, le insiste en preguntar si no se permitiría que tomaran el control, que se vendieran esas empresas, y el ministro dice que “si fueran estratégicas y se incumplieran las condiciones de garantizar suministro, calidad y servicio, no se permitiría”.
 
 Hablando de las inversiones extranjeras, critica la operación por la que Iberia se fusionó con British Airways, el funcionario deja ver el desconsuelo que provoca la pérdida de control, especialmente en el tema de las rutas. Sobre cómo ve los resultados de la operación dice: “Ahora, si se me pregunta sobre los ingresos, solo hay que ir al registro de cuentas para comprobar que han bajado mientras los de British han subido. ¿Y las rutas? Han bajado. ¿Y las de British? Han subido. Hay gente que para ir a Buenos Aires tiene que pasar por Londres; antes no. Eso está ocurriendo. Yo confío en que el nuevo equipo reconduzca la situación.”
 
 Entre otras cosas, se demuestra que para el ministro español, la operación de negocios de electricidad, de telecomunicaciones y de transporte aéreo, además del manejo de los puertos, son cuestiones estratégicas en las que el Gobierno debe recurrir a sus facultades para mantener el control de los asuntos fundamentales. Sin embargo, no deja de ser importante que esas mismas áreas sean las que los inversionistas españoles con preferencia tratan de controlar en otros países que tienen menos celo por lo estratégico y que creen que lo fundamental es atraer inversión a como dé lugar y sin que se tomen en cuenta consideraciones de otro tipo. Sobre todo cuando hay de por medio jugosas mordidas que los inversionistas pagan a los gobernantes y funcionarios de otros países donde se hacen de la vista gorda y lo mismo entregan la telefonía fija que la celular, o la generación y comercialización de energía eléctrica, el control de los puertos de entrada y salida de la mercadería nacional (legal o ilegal), y el uso y disfrute de los derechos contemplados en la Quinta libertad del aire para frecuencias de vuelos a otros países.
 
 En Guatemala tuvimos fuertes inversiones españolas en el negocio eléctrico hasta que se vendió al gran inversionista que está entrando con toda fuerza en el país que es Colombia. Pero en el tema de los puertos tienen todavía serios intereses y en menor escala en el tema de la telefonía celular. Lástima que aquí no tengamos ese celo por las cuestiones estratégicas que hacen que en España se opongan a que empresas españolas, privadas o públicas, pasen a manos extranjeras si son estratégicas, concepto que para ciertos fundamentalistas en teorías económicas, no vale la pena tomar en cuenta.